El año 2022 no será recordado con cariño por el diputado del PP Alberto Casero. Su nombre saltó a la fama por ser el que se equivocó en la votación de la reforma laboral y permitió su aprobación. Más tarde, la Dirección Nacional de la que formaba parte - era mano derecha de Teodoro García Egea - saltó por los aires. Para finalizar su mes, el Tribunal Supremo lo investigará por una posible prevaricación durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado hoy la apertura de una causa para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos cuando dirigia el consistorio cacereño.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad considera que podrían constituir indiciariamente un delito continuado de prevaricación administrativa, como establece en la exposición que ha elevado al alto tribunal. La Fiscalía también entiende que hay también indicios de un delito de malversación.
La exposición razonada, de acuerdo al auto del Supremo, señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento.
Así -siempre según la exposición razonada- en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior S.L. un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
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