Los colectivos de trabajadores interinos de las diferentes administraciones públicas afectados por el abuso en la temporalidad de sus contrataciones continúan con su movilizaciones, por ejemplo con paros parciales los martes y jueves en el caso de la Diputación de Sevilla y una reciente concentración en la plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno central en Andalucía y de la Subdelegación gubernamental en Sevilla. Esta madrugada, varios monumentos de Sevilla han amanecido con carteles contra el llamado Icetazo, a pesar de la salida de Miquel Iceta del Ministerio.
Ello, después de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo haya decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarase contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.
El Supremo determina que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse "injustificadamente larga", lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo, como recoge Europa Press. Asimismo, establece que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias que paralicen ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.
Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, se ha inclinado por apoyar este miércoles en el Congreso la convalidación del decreto ley sobre los interinos este miércoles en el Pleno del Congreso, tras acercar posturas con el Ministerio de Hacienda, según han informado a Europa Press fuentes del grupo confederal. El decreto ley, destinado a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, establece que la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del 8% de las plazas estructurales. Pero es insuficiente para algunas formaciones como Unidas Podemos, que ha pedido modificarlo, entre otras cosas, para que las pruebas que se establezcan no sean eliminatorias para los interinos y que cualquier aspirante pueda usar su mejor nota de procesos anteriores.
Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas, de forma que a partir de su puesta en marcha será imposible" que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de tres años. El proceso de estabilización que persigue el Gobierno se hará a través de concursos-oposición especiales en los que se tendrá en cuenta la experiencia, dando margen a las comunidades autónomas y entidades locales para que en vez de concursos-oposición, lancen sólo concursos.
Empero, el contrato de indefinido no fijo sólo otorgaría al trabajador la fijeza en la plaza hasta que se convoque una oposición o concurso para ocuparla, a la que podrá concurrir la persona en cuestión junto a otros aspirantes, si bien sí impide que el puesto sea cubierto por otro empleado público mediante una promoción interna o un concurso de traslados.
En ese sentido, los colectivos de interinos han señalado que el Tribunal Europeo de Justicia "ha evidenciado que nuestro Tribunal Supremo incumple abiertamente el Derecho de la Unión, lo que conlleva que sus reiteradas sentencias contra las legítimas pretensiones del personal público temporal en situación de abuso son contrarias al Derecho de la Unión".
Frente a las pretensiones del Gobierno, consideran que "con la doctrina reiterada manifestada desde las instituciones europeas, la sanción que mejor protege al personal en abuso de temporalidad es la estabilidad en el empleo, en igualdad de derechos y condiciones, por eso se establece así para el sector privado y por eso el TJUE destierra la figura del indefinido no fijo entendida en el sentido que permite la amortización de la plaza o el cese del personal abusado, por lo que la figura de indefinido no fijo, para el TJUE, debe ser equivalente a la estabilidad en el empleo en igualdad de derechos y condiciones que los trabajadores comparables".
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