¿Considera usted excesivo pagar 124 millones para que cesen todos los pleitos interpuestos contra la Junta de Andalucía por la entidad mercantil José Manuel Pascual, que regenta la mayor red de hospitales privados de Andalucía?
Pues ha de saber que, de haberse consumado, como ha venido sucediendo siempre, la mayor parte de los pleitos a favor de Pascual en juzgados de lo contencioso administrativo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla incluso en el Supremo —y que están al día de hoy en distintos momentos procesales— el conjunto de la demanda ascendería a 242 millones de euros. A lo que habría de sumarse, en concepto de intereses, otros 38,8 millones de euros, lo que coloca en total la cifra evaluada por los servicios jurídicos del SAS en 281 millones de euros.
Con lo que el SAS se ha ahorrado 157 millones de euros y ha puesto punto final a un asunto que se corresponde, con luces y sombras, a gobiernos anteriores del PSOE y al PP.
Según el informe del servicio jurídico del Consejo Consultivo de Andalucía la evaluación relativa a la probabilidad de obtener sentencia favorable a la administración sanitaria solo afectaría a 4 de 11 grandes pleitos pendientes por diversas cuantías reclamadas.
lavozdelsur.es ha tenido acceso al documento de solicitud de autorización al parlamento de aprobación del decreto del acuerdo entre el SAS en la entidad mercantil José Manuel Pascual Pascual así como al expediente de gasto derivado del mismo acordado en el Consejo de Gobierno de la reunión el pasado 29 de noviembre. Igualmente este periódico ha accedido al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía emitido al efecto.
¿Cuál es la clave del conflicto? La realidad es que la empresa José Manuel Pascual ha venido prestando durante los últimos 20 años servicios de asistencia sanitaria a los usuarios del SAS en virtud de diferentes contratos de gestión de servicio público, bajo la modalidad de concierto para la prestación de asistencia sanitaria y esto lo ha hecho en los hospitales de su titularidad en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, suscrito entre los años 2011 y 2017.
Los conciertos obedecían a la imposibilidad de prestar asistencia hospitalaria de convenios propios por parte del SAS a la población del área de influencia de los mencionados hospitales, al no disponer el sistema sanitario público de Andalucía de las infraestructuras suficientes necesarias para tal fin en esas zonas geográficas.
Durante todos estos años se ha generado una amplia litigiosidad entre ambas partes como consecuencia, primero de las resoluciones judiciales que anularon diversas prórrogas del contrato de 2011; en segundo lugar por la facturación girada por la citada entidad mercantil al SAS por la asistencia sanitaria prestada tras la finalización de los conciertos suscritos entre el 3 de febrero del 2014 y el 7 de julio de 2017, y finalmente por las diferencias mensuales que sostienen ambas partes por el volumen de servicios prestados tras la firma del concierto del 8 de junio del 2017.
A dicha situación procesal, pendiente de diversos pronunciamientos judiciales, hay que añadir que el SAS, en los dos últimos años, ya le ha abonado a la entidad mercantil de Pascual la cantidad de 21.418.696 euros en ejecución de 3 resoluciones judiciales dictadas en otros tantos procedimientos.
Todo esto había provocado una gran inseguridad en la relación jurídica entre la administración de la Junta de Andalucía y la entidad mercantil. En consecuencia, la Junta estimó conveniente formalizar un acuerdo transaccional “en aras de evitar un mayor perjuicio para ambas partes a la vista del resultado incierto de los procedimientos judiciales en trámite", así como el perjuicio que ello pudiera irrogar al erario público o el daño reputacional que pudiera sufrir por ello “se dispone a autorizar alzas de conformidad con la Ley General de Hacienda pública a suscribir el acuerdo transaccional hasta un importe máximo de 124 millones”.
Históricamente la inseguridad de la relación jurídica entre la administración sanitaria de la Junta de Andalucía y la entidad mercantil ha sido patente y manifiesta. La Junta dudaba que tras la conclusión de los pleitos abiertos pudieran abrirse otros. Una relación controvertida que traía de cabeza a la administración sanitaria de Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha decidido poner término a la misma mediante un acuerdo transaccional.
La autorización del Consejo de Gobierno requiere a su vez la autorización del Parlamento de Andalucía. Porque no hay que olvidar que el presupuesto se encuentra prorrogado para el año 2022 y establece que “se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos de consejerías, agencias y consorcios escritos cuyo importe global sea igual o superior a 8 millones de euros”.
Pascual ha venido prestando durante los últimos 20 años servicio de asistencia sanitaria a los usuarios del SAS en virtud de diferentes contratos de gestión de servicio público bajo la modalidad de concierto. Lo ha hecho en sus hospitales de Cádiz, Huelva y Málaga divididos en hospitales con puerta urgencia -Santa María del Puerto en El Puerto de Santa María, Virgen de las Montañas en Villamartín y Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda, todos ellos en la provincia de Cádiz. A la vez también el concierto afectado a los oficiales sin puerta de urgencias que son los de San Rafael en Cádiz blanca Paloma en Huelva y hospital y hospital FAC doctor Pascual de Málaga.
La vigencia de ambos conciertos que finalizó el 31 de enero de 2014 fue prorrogada mediante diferentes acuerdos en un primer momento de la Consejería de Salud y posteriormente del Servicio Andaluz de Salud hasta el 31 de octubre de 2015 los acuerdos de prórroga de la vigencia de los distintos conciertos fueron objeto de una variada litigio ciudad y acabaron siendo anulados por los juzgados y tribunales del orden en lo Contencioso Administrativo.
En el período comprendido entre el 31 de enero del 2014 y el 8 de junio del 2017, correspondientes con la finalización de unos conciertos y la suscripción de otro nuevo, la empresa continúa sin embargo girando facturas al SAS por servicios sanitarios prestados en los seis hospitales de su titularidad en las provincias de Cádiz y Huelva y Málaga “alegando que los usuarios del SAS siguen acudiendo a sus hospitales y facturando dichos servicios con base en unos precios fijados de forma unilateral por Pascual”, señala el informe del Consejo Consultivo de Andalucía..
La falta de acuerdo de ambas partes en cuanto a la facturación de los servicios prestados dio lugar a que por la empresa se interpusieran recursos contencioso-administrativos reclamación de cantidades y por el SAS se impugnaran de contrario las diferentes resoluciones judiciales recaídas con las que no estaba de acuerdo con las cuantías reconocidas a la empresa el asunto fue una amplia litigiosidad entre ambas partes que se agrupa en tres tipos de procedimientos judiciales.
En un solo pago o en cinco pagos anuales
Como punto final el SAS satisfará a la empresa Pascual la cantidad de 121 millones que se abonará según la disponibilidad presupuestaria del SAS, bien en un solo pago antes del 31 de diciembre o bien en 5 pagos anuales a razón de 24 millones.
Para el seguimiento del acuerdo transaccional se ha creado una comisión de seguimiento con dos representantes del SAS y dos en representación de la empresa Pascual. Para garantizarse más la tranquilidad legal y a propuesta de viceconsejero eso de consumo se incluyeron anexo del acuerdo a un párrafo en el que se expresa que “con la presentación de dicho escrito las partes renuncian a efectuar en lo sucesivo ningún tipo de reclamación administrativa o judicial por estos conceptos o por otros relacionados con el ámbito y objeto del presente acuerdo, que cuenta con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía”.
Comentarios