España se dispone a afrontar su séptima regularización extraordinaria de migrantes. El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida con el principal requisito de que las personas que soliciten los 'papeles' deben demostrar que ya residían en el país cinco meses antes de proceder a la solicitud y que estaban a 31 de diciembre de 2025. En primer lugar, se contempla un permiso inicial de residencia de un año, que luegro abriría la puerta a la regularización definitiva. Por supuesto, este tema ha generado opiniones de todo tipo, tanto políticas como sociales, y promete ser uno de los temas de calado en la actualidad de las próximas semanas ya que se calcula que esta medida puede alcanzar aproximadamente a medio millón de personas.
"Estamos plantando la semilla de la nueva Europa", mantiene, ufana, Elma Saiz, ministra de Inclusión y Migraciones, y también portavoz del Gobierno, acerca de la regularización. "El Gobierno se sitúa frente a la estrategia de la Unión Europea, que apuesta por el establecimiento de flujos ordenados y firmeza frente a las llegadas ilegales", afirma, por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP), que estima inevitable que se produzca un efecto llamada. Estas dos opiniones tan distintas sobre una misma cuestión dan una idea de cómo se ve este tema en la política y en la sociedad española, con absoluta división y, eso sí, con algunas sorpresas en cuanto a posicionamiento.
Por ejemplo, la CEOE se ha mostrado a favor de la regulación porque entiende que es favorable para las empresas españolas, aunque la patronal de Aragón –de especial interés su opinión al estar la comunidad autónoma en pleno proceso electoral– ha mostrado reparos, ya que entiende que esta medida no viene a solucionar el problema de mano de obra en España que las empresas vienen señalando desde hace años. No como sorpresa, pero hay que destacar también la opinión de la Iglesia católica, favorable a la medida por una cuestión de "dignidad" hacia las personas. Por supuesto, la portavoz Saiz ha esgrimido durante su intervención estas dos opiniones que vienen de dos ámbitos que no son nada sospechosos de alinearse habitualmente con el Gobierno, a fin de cargarse de razones desde un punto de vista socieconómico... porque, precisamente, al final es una decisión estrictamente política, que se ciñe a los acuerdos de gobierno que en su día el PSOE alcanzó con Podemos, esta vez con los morados desde fuera del Ejecutivo.
En este sentido, la secretaria general de la formación de izquierda, Ione Belarra, recordó de dónde proviene el acuerdo y afirmó que, si se ha decidido ahora, "es porque el PSOE no hace nada a no ser que se le obligue", palabras con las que quería poner de relieve la relación de los socialistas con el conjunto de fuerzas, más allá de Sumar, que permitieron tanto la investidura de Pedro Sánchez como el mantenimiento del autodenominado Gobierno de progreso los dos años largos que han transcurrido. Belarra incidió en que el tema se va a hacer porque era un acuerdo y ofreció una cifra superior a la del medio millón, ya que entiende que las personas que podrían verse beneficiadas podría acercarse al millón.
Cabe hablar de la fórmula legal que se va a utilizar para la regularización, el real decreto. Belarra entiende que esa forma es adecuada, entre otras razones porque "es fácil y ágil" y evita la "buropresión", por la burocracia (si es que no es un juego de palabras al que le falta otra 'r'). No lo tiene tan claro el PP. En realidad, el PP no tenía una postura decidida o, si la tenía, ha disimulado hasta el final. Los populares, en principio, estaban de acuerdo con que se tramitara esta medida –no necesariamente en los términos aprobados por el Consejo de Ministros y que se derivan de las intervenciones de PSOE y Podemos– sin decantarse públicamente. Ha sido este jueves cuando su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que su formación tiene intención de llevar este tema a Europa porque estima que incumple el pacto migratorio europeo.