El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha destacado no solo “la celeridad” con la que se ha actuado con el inmediato desalojo y reubicación de los juzgados de Cádiz de forma preventiva y temporal, resolviendo además unos problemas estructurales que lleva arrastrando este edificio “desde hace más de 20 años”.
Nieto ha recordado que de forma paralela en la Consejería se sigue trabajando para “hacer realidad la Ciudad de la Justicia que Cádiz viene reclamando desde hace décadas”. “Cumplimos nuestra palabra, nuestro compromiso es firme y ya hemos adaptado la planificación del proyecto a la nueva edificabilidad”, después de que esta fuera finalmente aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cádiz el pasado 24 de noviembre.
“El compromiso es férreo y vamos a acelerar al máximo la redacción del anteproyecto y proyecto básico, tras lo que le daremos el impulso definitivo. Lo que pretende esta Consejería es ejecutar un proyecto solvente, de futuro, acorde a la importante inversión que se va a realizar y que acabe con la dispersión y todos los problemas que arrastran las sedes judiciales de Cádiz desde hace años. Cádiz tendrá la Ciudad de la Justicia que se merece”, ha asegurado.
El PSOE de Cádiz, a través de su secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, desconfía de las promesas del consejero y ha pedido la dimisión de la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, Ana Bertón,” para que dé paso a otra persona que solucione el caos instalado en los juzgados de Cádiz tras el cierre del edificio de San José y su traslado a instalaciones del estadio”.
Ruiz Boix anuncia que Nieto tendrá que dar explicaciones en el Parlamento porque la tónica es realizar muchas promesas y dejar todo estancado. El líder provincial socialista recuerda que “el grave problema generado dura ya dos meses con lo que eso implica para la administración e impartición de la Justicia y lamenta las consecuencias que traerá una gestión tan nefasta para procedimientos judiciales suspendidos que ya acumulaban retrasos perjudicando tanto a los operadores jurídicos en el ejercicio de su profesión como especialmente a los ciudadanos”.
“Esperamos a un delegado o delegada que visite las instalaciones donde se desarrolla la actividad judicial y no decida desde un despacho las soluciones al problema que han generado por haber obviado las necesidades existentes durante estos años en que la Junta podia haber actuado”, apunta, incidiendo en que la única vez que se han sentado con los operadores jurídicos hace mes y medio y a la que asistió el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, no ha servido para nada pues las medidas tomadas son claramente insuficientes. “No han ido de la mano de los operadores jurídicos en la planificación de las medidas sino de espaldas”, anota.
Advierte Ruiz Boix de que el consejero de Justicia, Nieto tendrá que dar explicaciones en el Parlamento sobre el desaguisado que han provocado y que está generando una enorme preocupación en el sector tal y como han expresado tanto desde la Junta de Jueces el pasado viernes como esta semana distintos representantes del Colegio de Abogados de Cádiz quienes han denunciado falta de salas de vista, espacio y de privacidad e intimidad para las declaraciones en las sedes alternativas habilitadas en el estadio, con funcionarios apiñados.
Las obras
Por eso, el secretario general socialista, que lamenta que la Junta se viera arrastrada a actuar por la intervención de la Inspección de Trabajo, se teme que las obras duren “más semanas de las esperadas” a la vista de que en el desarrollo de las medidas provisionales no han respetado los plazos a los que se comprometieron.
En ultimo término, a la delegada de la Junta Mercedes Colombo “que conoce bien al sector judicial y el perjuicio generado para que tome las riendas de la situación, acuda a ver las instalaciones del estadio y atienda a las deficiencias que les están indicando abogados y jueces para poder ofrecer en condiciones adecuadas el servicio público que la ciudadanía merece”.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública tiene previsto tener culminadas para la primera semana de febrero las obras que ya han arrancado en el edificio San José y, a partir de ahí, iniciar el retorno de los órganos judiciales a este inmueble y retomar la actividad judicial en el mismo. Paralelamente, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz sigue avanzando “a buen ritmo”.
Los trabajos necesarios para solventar los problemas estructurales que obligaron al cierre de esta sede judicial arrancaron ayer, una vez que se recibieron todos los informes completos sobre el estado del inmueble y las medidas a llevar a cabo en el mismo. Se trata de una primera fase de actuación en el edificio que permitirá solventar los problemas estructurales del mismo y que estará finalizada para la primera semana de febrero.
Estos primeros trabajos, que van a garantizar el uso de la sede judicial, implican la consolidación y el refuerzo de los pilares y de la estructura, la eliminación de los problemas de humedad registrados en las plantas sótano y semisótano. Además, se va a mejorar la ventilación de las mismas, entre otras actuaciones, que permitirán el uso del inmueble en condiciones de salubridad. Una vez finalizadas estas actuaciones, los juzgados podrán retornar a esta sede judicial y continuar con su actividad en el mismo.
Ya una vez recuperada la actividad en el edificio —cuya estructura se vio dañada por los continuos baldeos del mercado situado durante años en la galería comercial—, los trabajos se completarán con una segunda fase que van a permitir mejorar la situación del inmueble así como su saneamiento. Estas obras serán en todo momento compatibles con el trabajo diario de los órganos judiciales.
Mientras estas obras finalizan, tanto los juzgados de Instrucción como los de Primera Instancia (salvo el número 2 que se mantiene en la calle Proserpina junto al juzgado bis) están situados en las oficinas del Edificio Carranza, donde también funciona el Juzgado de Guardia, el Decanato y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
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