PP, Cs y Vox pactan una partida de 15 millones en 2020 para despedir a cientos de empleados de la Junta

El PSOE acusa al Gobierno andaluz de "orquestar una caza de brujas", mientras que Bendodo responde: "Todos los enchufados socialistas dejaron de estarlo"

Cartel de la cuarta edición de la muestra, obra de Manuel Espinosa Quirós.
Cartel de la cuarta edición de la muestra, obra de Manuel Espinosa Quirós.

PSOE-A ha acusado al cogobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) de "orquestar una caza de brujas" contra los empleados del sector instrumental de la Junta, mientras que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha querido trasladar tranquilidad a aquellos trabajadores que hayan accedido a sus puestos "por igualdad, mérito y capacidad" mientras que ha avisado de que "todos los enchufados del PSOE-A van a dejar de estar enchufados".

Así se ha pronunciado Bendodo esta semana ante el pleno del Parlamento al comparecer, a petición del PSOE-A, sobre la situación de los trabajadores del sector instrumental que, a su juicio, "tiene margen de mejora", y cuando ha aclarado que la intención del Ejecutivo andaluz es racionalizarlo, "no acometer despidos masivos o de quienes prestan servicios públicos esenciales". En este marco, ha explicado que al inicio de esta legislatura el Gobierno autonómico se encontró con una realidad que pasaba por "un entramado de agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios cuyo personal no se ha visto afectado en la misma medida por reducciones como ha ocurrido en la Administración general y en otros sectores como pueden ser el docente, el sanitario o incluso la administración de justicia".

Desde ese punto de partida, el consejero ha explicado que el Ejecutivo andaluz pretende aumentar su conocimiento sobre la administración instrumental con nuevas auditorías que "continúen con el esfuerzo" que ha hecho la Intervención General, que ha analizado ya una docena de entidades. Esa información será fundamental a la hora de arrancar cualquier proceso de racionalización y optimización que se pueda llevar a cabo, según ha asegurado.

En ese sentido, Bendodo ha señalado que cualquier acuerdo que incluya una serie de actuaciones tiene que tener respaldo presupuestario, por lo que se ha previsto una partida de 15 millones de euros en 2020 para cubrir los costes por integración entre distintas entidades o actuaciones liquidatorias en sociedades mercantiles o fundaciones. En la misma línea, "habrá respaldo presupuestario este año y el siguiente para auditorías y asesorías jurídicas, concretamente 3,5 millones de euros", ha aseverado el consejero, con lo que el total será de 18,5 millones en el próximo ejercicio.

El titular de la Presidencia ha incidido en que la intención del Gobierno andaluz es la de realizar "un plan de auditorías específicas, contratadas con firmas independientes, con la supervisión de la Intervención General, en aspectos de auditoría operativa, y análisis de eficacia, eficiencia y economía, sobre la totalidad del sector público instrumental".

El mencionado plan se acometerá en un plazo de dos años de ejecución, con resultados progresivos a partir de nueve meses, y será con las conclusiones de ese análisis por delante, más las de los grupos de trabajo creados en 2019 con dicha finalidad por el Consejo de Gobierno, "cuando se adopten decisiones sobre la supresión y eliminación de duplicidades y se planteen propuestas para reestructurar el sector instrumental".

"La voluntad real es la de acometer un proceso de racionalización, que no implica en ningún caso despidos masivos", ha sostenido Bendodo, para añadir que se harán estudios caso a caso. Y así, ha dejado claro que la Junta "no va a despedir personal que preste servicios públicos esenciales". "Estamos reforzándolos porque las grandes banderas del socialismo, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, tenían numerosos problemas que estamos solventando", ha apostillado.

Por último, ha subrayado también que la seguridad jurídica será otro de los ejes que marquen los posibles cambios en la Administración instrumental, donde se llevarán a cabo las actuaciones que se estimen necesarias siempre "dentro de la ley". Con todo, ha concretado que el Presupuesto para 2019 cuantifica de manera clara el personal laboral propio de las entidades instrumentales que suma un total de 26.045 personas, de ellas, 16.499 pertenecen a agencias, 5.307 a sociedades mercantiles, 4.100 a fundaciones y 139 a consorcios. Dichos entes emplean un tercio de su presupuesto en gastos de personal, en concreto 1.073,69 millones de euros, destinados principalmente al pago de salarios.

PSOE: "Reestructurar es echar a gente a la calle"

Por el PSOE-A, el parlamentario Rodrigo Sánchez Haro ha reprochado al Gobierno andaluz que "llamen chiringuitos" a estas empresas públicas, cuyos trabajadores "llevan a cabo más de 100.000 actuaciones diarias que son esenciales para los andaluces y merecen respeto". Por contra, ha lamentado que la Junta "no les respeta, juegan con sus empleos y con los servicios esenciales que prestan".

Así, ha exigido al Gobierno andaluz que le hable "claro" a este colectivo, al que están generando, según ha censurado, "más confusión y malestar", tras relatar que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirmó que "no se descartan despidos", que "el acuerdo con Vox abre la puerta a despidos en la administración paralela" o que "se revisan 9.000 contratos de empleados públicos".

"Digan la verdad porque alguien miente, o usted o Marín o Bravo o sus socios de Vox", ha espetado a Bendodo el diputado socialista, que ha advertido de que "reestructurar es echar gente a la calle" y preguntar al consejero "a cuántos trabajadores va a despedir". Tras apuntar que el Tribunal Supremo ha validado estos contratos, Sánchez Haro ha urgido al titular de Presidencia a aseverar "que no va a echar a nadie, que no cumplirá el acuerdo con Vox", pues de lo contrario "generan zozobra en 27.000 profesionales y en sus familias, y vienen a jugar al despide".

Por todo, ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de marear la perdiz", toda vez que cree que el PP-A y Cs "orquestan una campaña de desprestigio contra estos profesionales y los convierten en moneda de cambio de su vergonzosa negociación de los Presupuestos" con Vox. "Los 27.000 empleados del sector instrumental son chivos expiatorios de esta caza de brujas que orquestan el PP-A y Cs", ha abundado Sánchez Haro, que ha defendido el trabajo de este colectivo porque "cultivan la esencia de nuestra tierra".

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