El diputado andaluz no adscrito José Ignacio García, uno de los expulsados de Adelante en el proceso de ruptura de la izquierda en el Parlamento, ha valorado la filtración de las actas de la Mesa del Parlamento de las tres sesiones en las que se decidió todo, una investigación de eldiario.es.
"Sale a la luz lo que llevábamos contando hace tiempo. El Parlamento de Andalucía se manoseó desde Madrid, desde las cúpulas de los partidos. La principal víctima aquí es la ciudadanía andaluza, porque pusieron su Parlamento a la altura del betún", señala García para lavozdelsur.es. El portavoz anticapitalista califica como importante que entre los partidos que decidieron su salida está el PP, "que no tienen problemas en utilizar el transfuguismo del que hablan en Murcia".
"Somos los únicos tránsfugas del mundo que no nos llevamos cargos, dinero o beneficios personales, solo cumplimos nuestro programa electoral y ni siquiera participamos en cambiar un Gobierno", señala sobre el uso del Pacto Antitransfuguismo para llevar a cabo la expulsión. "Evidentemente, hay intereses de varios partidos en mantener el sistema, sobre todo por parte de CS y PSOE, por encima de las instituciones democráticas y de la peor manera posible".
En ese sentido, hace referencia a que fue el PSOE el que apoyó en la Mesa el argumento de la expulsión con mayor vehemencia, ya que IU y Podemos no se sentaban en este órgano aunque sí fuesen los promotores de la expulsión. Uno de los diputados autonómicos de Cs, Julio Díaz, pidió que constara en acta en la última votación, la que hizo definitiva la expulsión, que lo hacía por órdenes de su partido en Madrid, es decir, por la dirección de Inés Arrimadas. "Evidentemente, no es más que una persona que actuó en conciencia porque quería que se cumpliera la Ley. Por lo menos advirtió de la realidad, que es una barbaridad, igual que señaló el letrado del Parlamento".
García, finalmente, muestra de nuevo su rechazo a aquellas reuniones y señala que "no soy jurista, pero que no tengan dudas los que impulsaron la decisión que pondremos en marcha todos los mecanismos legales y que tendrá consecuencias". Por lo pronto, los diputados expulsados están a la espera de que el Tribunal Constitucional dé a conocer si admite a trámite la denuncia realizada, en la que califican los hechos como una lesión a sus derechos fundamentales para la actividad política.