Las aulas andaluzas tendrán que esperar para ver un descenso de alumnos. Al menos no se hará a través de la ley que está tramitándose en el Parlamento de Andalucía a través de una Iniciativa Legislativa Popular que fue fruto de la organización de diversos colectivos vinculados a la educación pública andaluza. Esta norma había recibido el apoyo de diversos grupos políticos de la izquierda. Sin embargo, ni la Junta ni el Partido Popular se habían posicionado. Este martes el Gobierno andaluz ha mostrado un criterio contrario a esta propuesta.
Esta decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta no es vinculant, aunque el propio portavoz ha evitado hacer referencia al acuerdo en la rueda de prensa. No obstante, es lógico pensar que, si un Gobierno formado únicamente por el Partido Popular rechaza la propuesta, el grupo parlamentario popular también lo hará en el Parlamento. Actualmente, con la composición de la Cámara y la mayoría absoluta de 58 diputados, todas las leyes necesitan el visto bueno de los populares para prosperar.
El principal argumento que esgrime el Gobierno andaluz para rechazar la propuesta para modificar la Ley de Educación de Andalucía es que debe hacerse a través de una reestructuración general del sistema educativo en todo el país. Además, la Junta deja claro que para ello, el Gobierno de España debe transferir los fondos económicos necesarios.
El Gobierno andaluz recuerda que, como principio fundamental de la normativa básica, es el Estado el que asume la responsabilidad de fijar los límites máximos para todo el país en la Ley Orgánica de Educación y en los decretos de desarrollo, aportando a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para poder implementarlo. En este sentido, la LOMLOE, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central no contempla una bajada de la ratio en las aulas del sistema educativo español", ha expresado la Junta de Andalucía en la exposición de su rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular.
Otra de las razones que señalan las fuentes gubernamentales es que la adopción de esta medidas afectaría directamente a la "libertad de elección" de los centros educativos, un término que habitualmente ha sido utilizado por la Junta de Andalucía para hacer referencia a la escuela concertada. Según los datos oficiales, el 93% de las familias consigue matricular a sus hijos en la primera opción, mientras que el 98% lo hace en algunas de las solicitadas. El Gobierno afirma que estos porcentajes se verían disminuidos considerablemente en caso de llevar a cabo la propuesta.
Con esta postura, el Ejecutivo andaluz también rechaza incrementar el presupuesto de educación en 1.362 millones, que es la cantidad estimada que supondría el aumento de personal docente para cumplir con la ratio que solicitan las asociaciones que han promovido la Iniciativa Legislativa Popular.
A pesar del rechazo, la Junta manifiesta que "Andalucía, como así recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno, seguirá avanzando en la reducción progresiva de las ratios medias en las aulas, como ha ocurrido en los últimos cuatro cursos, marcando como prioridad los centros de zonas con especial problemática socioeconómica, así como las aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".
Una carrera de obstáculos para la comunidad educativa
Para los impulsores de la ILP no es nuevo que haya obstáculos en el camino de la ley. Este verano, la Mesa del Parlamento de Andalucía rechazó por primera vez la ampliación del plazo para la recogida de firmas. En total, para presentar este tipo de iniciativas en la Cámara andaluza hacen falta 40.000 firmas. A falta de unos días para finalizar el plazo, los promotores de la medida no habían llegado a la cifra, pero este rechazo, lejos del desánimo, provocó un impulso y nuevas movilizaciones para cumplir los requisitos.
El pasado 15 de noviembre, la Junta Electoral comunicó a la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la Bajada de Ratios Escolares que no sólo habían superado la cifra límite, sino que lo habían conseguido con cierto margen. En total lograron 52.000 firmas para introducir esta norma dentro de la tramitación parlamentaria. Hace unas semanas, la comunidad educativa volvió a las calles para hacer fuerza sobre este asunto.
Hasta el día de hoy, el Gobierno andaluz no había dicho nada al respecto dejando en el aire su posición sobre una norma con gran respaldo popular. A pesar de la negativa comunicada en el Consejo de Gobierno de este lunes, el dictamen no evitará que la ILP tenga que debatirse en sede parlamentaria y que, por lo tanto, cada partido tenga que posicionarse.