El Parlamento andaluz ha sufrido este jueves una nueva sesión de bronca que comenzó con los reproches entre PSOE y Vox a cuenta de los patrocinios por la cena a los pies de la Giralda. Pero es que todas las partes están absolutamente sumidas en el periodo electoral, lógicamente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, por más que se diga, nunca ha sido ajeno al enfrentamiento, sólo que no suele protagonizar las palabras más gruesas. Pero viene siendo especialmente duro desde el accidente de Urda, el segundo en 2026 con más de 100 metros en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. A María Jesús Montero, en calidad de exvicepresidenta del Gobierno, se lo ha dicho así: "Lo que ha pasado en el corredor sur de España es muy grave y tiene unos responsables, y uno de los responsables es usted".

El presidente ha sostenido que las advertencias de víctimas, trabajadores y sindicatos de maquinistas después del accidente de Adamuz no recibieron una respuesta suficiente. A partir de ahí, ha relacionado la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado con las dificultades para incrementar las inversiones ferroviarias. Ha confundido a Óscar Puente con José Luis Ábalos, al decir que fue este segundo el que dimitió apuntando a que había hecho lo que había podido con los recursos que tenía.  

El PSOE respondió que Puente dimitió por "dignidad política". Moreno rechazó frontalmente ese planteamiento y la cosa se fue calentando. "Que usted venga a decir en el Parlamento andaluz que el señor Puente es digno es insultar a las víctimas, a la inteligencia y a sus votantes", afirmó, antes de añadir que debería haber abandonado sus responsabilidades mucho antes. También puso sobre la mesa una estimación que utilizó para describir el deterioro de la confianza en el servicio, y que es la que Moreno comparte, llegando a costarle algún reproche del propio Alberto Núñez Feijóo: "Prácticamente el 70% de los andaluces tiene miedo a subirse a un tren". A continuación defendió la necesidad de conocer las causas de los accidentes y recuperar la seguridad del transporte ferroviario.

La sesión de control también ha estado marcada por los Presupuestos de 2027, que el miércoles pasaron el primer trámite parlamentario sin la oposición a cuenta de la huelga. Así, Moreno ha vuelto a cargar contra PSOE, Adelante y Por Andalucía por ausentarse. Moreno Bonilla ha reivindicado unas cuentas de unos 54.700 millones de euros y ha defendido que su elaboración se ha producido pese a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y de una senda de déficit y deuda aprobada por el Congreso.

Por ejemplo, a José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, lo ha acusado de actuar siguiendo la estrategia del PSOE y Pedro Sánchez y de haber abandonado a quienes votaron a su formación. "Ha dejado huérfanos a sus votantes". Después ha añadido que "durante todo 2027 no van a poder criticar la Ley de Presupuestos porque no han venido a debatirla".

El dirigente popular sí ha reconocido la legitimidad de la huelga como herramienta de reivindicación, pero ha cuestionado su oportunidad y su proximidad a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según su valoración, la implicación de partidos de izquierda ha convertido una protesta sobre problemas reales, especialmente la vivienda, en "una utilización maniquea de un instrumento poderoso y legítimo como son las huelgas".

Montero acusa a Moreno de una "doble vara de medir"

María Jesús Montero ha planteado una réplica centrada en las responsabilidades políticas por las tragedias ferroviarias y en la gestión de la huelga. La secretaria general del PSOE-A ha acusado a Moreno de emplear criterios diferentes según qué administración tenga las competencias. "Pero lo realmente inmoral es la doble vara de medir que usted practica dependiendo de si las tragedias están relacionadas o no con sus competencias". Montero ha considerado "éticamente reprochable la utilización política" de los accidentes ferroviarios y ha criticado que el presidente haya relacionado el dolor de las víctimas con exigencias de cambio de Gobierno o con la disputa electoral.

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PP y Vox aprueban en el Parlamento la nueva ley de la Cámara de Cuentas que deja fuera a Adelante Andalucía Pablo Fdez. Quintanilla

Para sustentar esa acusación, ha comparado la actitud de la Junta ante los siniestros ferroviarios con su actuación después del incendio de Los Gallardos, en Almería, donde fallecieron 15 personas. También ha recuperado la crisis de los cribados del cáncer de mama para cuestionar que no se reclamaran entonces responsabilidades políticas equivalentes. Además, ha recordado que en 2023 se aplazó un día la discusión presupuestaria para facilitar la asistencia de Moreno a los Grammy Latinos en Sevilla, mientras que esta vez el Gobierno autonómico ha rechazado mover el pleno pese a la huelga. Según su interpretación, el Ejecutivo andaluz "pretendía boicotear" la movilización.

También ha acusado al PP de compartir con Vox una estrategia de desacreditación de los sindicatos y ha reprochado expresiones utilizadas contra estas organizaciones, entre ellas "basura", "mafia", "apesebrados" y "comegambas". Su intervención ha terminado ampliando el foco hacia las instituciones autonómicas. Montero ha cuestionado la reforma de la Cámara de Cuentas, la designación de Marta Bosquet como Defensora del Pueblo andaluz, la reciente militancia popular de la nueva responsable del Consejo de Transparencia y la asistencia del director general de la RTVA a un mitin del PP. A su juicio, todo ello refleja una "deriva peligrosa que siguen las instituciones andaluzas".

Vox vuelve a vincular los problemas de vivienda con la inmigración

El portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, ha centrado su intervención en desacreditar la huelga general y defender el acuerdo de Gobierno con el PP. "Señorías de la izquierda, menudo circo general montaron ayer ustedes, ¿quién les ayudó con las pancartas?", ha preguntado al comenzar. Cortés ha sostenido que UGT y CCOO han recibido 560 millones de euros desde que Pedro Sánchez gobierna, ha cuestionado el número de liberados sindicales y ha criticado que las tres fuerzas de izquierda se ausentaran del debate presupuestario.

La vivienda ha ocupado buena parte de su argumentación. El dirigente de Vox la ha vinculado al incremento de la inmigración y ha defendido como respuesta "remigración, para que baje la demanda; desregular, para facilitar la construcción, y prioridad nacional, para que los españoles tengan acceso prioritario a la vivienda pública". En paralelo, ha reivindicado la coalición con el PP como un acuerdo entre "dos socios leales y fiables que llegan a un pacto con medidas concretas, plazos de ejecución y comisiones de seguimiento y que, sin duda, genera certidumbre y seguridad".

Asimismo, José Ignacio García ha defendido que su formación ha estado "donde tenía que estar: en las movilizaciones para defender el principal problema que está sufriendo la gente en Andalucía". Ha justificado la ausencia del debate presupuestario por la situación de la vivienda y ha acusado al Gobierno andaluz de favorecer a bancos y fondos de inversión. También ha contrapuesto los 60 millones que, según ha afirmado, se destinan a altos cargos con los 10 millones para vivienda protegida.

Antonio Maíllo, de Por Andalucía, ha sostenido por su parte que la huelga "ha superado todas las expectativas" y ha rechazado que se tratara de una movilización electoral, aunque ha defendido su carácter político. También ha respaldado la ausencia de su grupo del Parlamento y, al abordar el accidente de Urda, ha reclamado transparencia y ha pedido a Moreno que reactive la comisión mixta con el Gobierno central para reclamar las competencias ferroviarias que considera recogidas en el Estatuto de Autonomía.