La investigación por la dana de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana, da un nuevo paso y la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que investigue al expresident Carlos Mazón, aforado por su condición de diputado autonómico. Es el primer paso formal para sentarlo en el banquillo. La magistrada, que lleva más de 15 meses instruyendo la causa y ha tomado declaración a más de 500 testigos y peritos, considera que existen indicios de “negligencias” en la actuación del entonces jefe del Consell. Hasta ahora, solo figuraban como investigados la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso.
En su escrito, conocido por El País, la jueza sitúa a Mazón en el epicentro de una cadena de “groseras negligencias”. Subraya que, pese a estar advertido desde primera hora del riesgo extremo, mantuvo su agenda y una comida de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Durante ese almuerzo —que coincidió con el desbordamiento del barranco del Poyo—, la instructora aprecia una actitud “pasiva” que califica de “presunta grosera negligencia”, con “un resultado mortal de 230 fallecidos”.Según el relato judicial, el president conocía ya a las 13.45 horas la gravedad de la situación, tras ser informado en el Palau de la Generalitat del riesgo “en el Poyo”. Sin embargo, no suspendió el encuentro. La jueza incluso cuestiona que alegara no poder contactar con su consejera porque llevaba el móvil en la mochila: “¿Cómo se puede pretender coordinar o dar instrucciones cuando el instrumento para comunicarse no está a mano?”.
La magistrada también apunta a la “convocatoria tardía” del Cecopi, activado a las 17.00 horas, cuando el barranco ya se había desbordado en municipios como Chiva o Cheste. A su juicio, debía haberse reunido la víspera o, como muy tarde, a primera hora de la mañana, cuando la Aemet decretó la alerta roja. En esa cadena de reproches incluye el envío del Es-Alert a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habrían fallecido. La jueza considera que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto” y que fue anunciada con antelación.
El documento, de 109 páginas, deja ahora la decisión en manos del TSJCV, que puede asumir la causa, pedir más argumentos o rechazar la solicitud. Mientras, las asociaciones de víctimas reclaman cautela y rigor. En el plano político, PSPV-PSOE y Compromís exigen responsabilidades, mientras el PP insiste en su “respeto” a las decisiones judiciales.