María José García-Pelayo declarará en la Audiencia Nacional por la Gürtel

La ex alcaldesa de Jerez, que ya fue exculpada en un archivo provisional por el Supremo, tendrá que acudir como testigo al juicio por la pieza separada de la trama relativa al Ayuntamiento jerezano

García-Pelayo junto a Rafael Hernando, en una visita electoral reciente. FOTO: PP
García-Pelayo junto a Rafael Hernando, en una visita electoral reciente. FOTO: PP

La actual número 1 del PP gaditano al Congreso el próximo 28A y ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, volverá a declarar ante el juez por la llamada pieza jerezana de la trama Gürtel. Esta vez, según ha podido confirmar lavozdelsur.es por fuentes judiciales, será en la Audiencia Nacional y ha sido citada como testigo a petición de la acusación particular, toda vez que gracias a su condición de aforada ya prestó declaración ante el Tribunal Supremo. "Ya que vamos a tener que estar yendo y viniendo a Madrid, al menos queremos que se nos oiga y lograr la absolución, los técnicos no tuvimos nada que ver en esos contratos amañados", afirmaba recientemente a este periódico digital uno de los técnicos municipales que serán procesados. En el caso de Pelayo, su comparecencia como testigo le obliga a decir la verdad, si bien al tratarse de una fase de juicio oral, no de instrucción, no hay posibilidad de que pueda entrar como testigo y acabe siendo nuevamente investigada, aseguran las mismas fuentes consultadas.

El Alto Tribunal ya dictó el sobreseimiento provisional de la causa contra Pelayo por una posible responsabilidad penal en tres presuntas adjudicaciones irregulares del Consistorio jerezano, cuyo importe total suma 355.391 euros de dinero público, con empresas de Correa en el marco de Fitur 2004. Pese a que la instrucción en la Audiencia Nacional dejó clara la vinculación de la ex alcaldesa del PP con los supuestos contratos fraudulentos efectuados por el Ayuntamiento para Fitur 2004 —una aseveración basada en las investigaciones de la Policía Judicial y la Intervención General de la Administración del Estado—, la declaración de Pelayo en el Supremo desembocó en el archivo alegando que no sabía lo que firmaba con la Gürtel.

"No es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones que firma", escribió en abril de hace dos años el juez Del Moral. El fiscal, en cambio, consideró que abusó de su "posición de autoridad" y que los expedientes fueron "una mera ficción al servicio de la prevaricación"

Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí ha fijado juicio oral contra cinco técnicos municipales, además de contra Correa y otros tres colaboradores de su red empresarial. Curiosamente, será el único juicio sin políticos populares de una trama que el Supremo consideró “institucionalizada” como fuente de financiación ilegal del PP, lo que desembocó en la moción de censura el año pasado que provocó la salida de Rajoy de la Presidencia del Gobierno.

El proceso se abrirá en la Audiencia Nacional a partir del próximo 3 de junio y durante 20 sesiones más que se prolongarán hasta septiembre. Igualmente, también está previsto que acudan a declarar como testigos, a petición de la defensa de algunos de los acusados, el entonces teniente de alcalde del PP durante el primer mandato de Pelayo como alcaldesa (2003-2004), Bernardo Villar, y la ex alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, que cursó la denuncia al acceder al cargo al tener conocimiento de las supuestas irregularidades. En su día, la organización sindical municipal ATMJ insistía en que es “un insulto a la inteligencia” querer hacer ver que las contrataciones fraudulentas rubricadas por Pelayo en 2004 responden a un “tema técnico y no político”.

Esta vista oral será la cuarta pieza que la Audiencia Nacional juzgará contra la trama liderada por Correa, que ya se encuentra cumpliendo los 70 años de prisión que suman las condenas por otras piezas ya juzgadas, como la primera época de la trama Gürtel (51 años y 11 meses), la participación de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009 (13 años, sentencia ya firme por el Tribunal Supremo) y por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (5 años y 3 meses).

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