“Somos como grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños. No se retiran del mobiliario porque se supone que son valiosos, pero están todo el rato estorbando”. La famosa frase de Felipe González ha quedado para la historia a la hora de definir la labor que realizan los ex presidentes del Gobierno de España, que reciben una paga vitalicia una vez dejan el cargo. Precisamente fue González quien, primero en 1983, diseñó un Estatuto de los expresidentes —regulado por el Real Decreto 2102/1983— que fijaba en 15.000 euros anuales (dos millones y medio de pesetas de la época) la cantidad que percibirían los anteriores jefes del Ejecutivo, aunque solo durante cuatro años. Apenas una década más tarde, en 1992, también con el sevillano al frente del Gobierno, un nuevo Estatuto estableció que la paga fuera vitalicia y que sólo se limitara a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así, los expresidentes perciben un total de 74.589 euros al año —según datos del último PGE— que, además, no están obligados a justificar, como publica el portal Maldita.es, que obtiene la información tras realizar una consulta pública al Portal de Transparencia del Gobierno de España. Esta cantidad se define como “una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado”, según regula el Real Decreto 405/1992 de 24 de abril.
La suma total que el Estado ha destinado a pagas vitalicias para expresidentes del Gobierno es de 6,5 millones de euros desde 1992, siendo el propio González quien encabeza el ranking de los antiguos jefes del Ejecutivo que mayor cantidad han percibido, con casi 1,9 millones de euros; seguido de Adolfo Suárez, con unos 1,8 millones; Leopoldo Calvo-Sotelo, con casi 1,3 millones; José María Aznar, con 1,1 millones; y José Luis Rodríguez Zapatero, con algo menos de 500.000 euros. El último expresidente, Mariano Rajoy, ya ha solicitado esta dotación, que recibirá por primera vez en 2019.
El cobro de estas cantidades, sin embargo, no impide a los antiguos mandatarios poder trabajar para la empresa privada, como desvela Maldita.es. Suárez lo hizo mientras dirigía su propio despacho de abogados, Calvo-Sotelo lo compatibilizó con su labor como consejero del Banco Central Hispano, González tiene empresas desde 2001, Aznar ha sido consejero y ha fundado varias compañías, y Zapatero preside una fundación alemana.
Pero también la han percibido cuando han ocupado cargos públicos. Lo hizo Adolfo Suárez cuando fue diputado nacional por Madrid entre 1982 y 1991, también Leopoldo Calvo-Sotelo cuando entró en el Consejo de Estado en 2007, Felipe González mientras fue diputado entre 1996 y 2004 y también como embajador plenipotenciario (2007-2011), José María Aznar cuando formó parte del Consejo de Estado en 2005 y 2006, y José Luis Rodríguez Zapatero cuando ingresó en este mismo organismo entre 2012 y 2015.
Zapatero es el único expresidente sin actividad conocida en la empresa privada y Aznar es, sin duda, el que más tiene. Desde el año 2004 ejerce como asesor de News Corporation, el gigante mediático de Rupert Murdoch, por lo que cobra unos 133.000 euros anuales, a los que hay que sumar los 200.000 euros que percibe como asesor externo de Endesa —cargo que ocupa desde 2011— o las cantidades que cobra por ofrecer conferencias, que oscilan entre 60.000 y 90.000 euros, según La Información.
Felipe González, por su parte, es fundador de varias empresas —Ialcon Consultoría o Tagua Capital— y fichó en 2010 por Gas Natural Fenosa como consejero, por lo que cobró unos 127.000 euros anuales hasta 2015, cuando dejó el cargo. Desde entonces, se dedica a impartir conferencias con un caché de entre 30.000 y 40.000 euros y asesora al multimillonario mexicano Carlos Slim.
Mariano Rajoy, que dejó la presidencia del Gobierno a finales del pasado mes de mayo tras prosperar la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez, volvió a su puesto como registrador de la propiedad, primero en Santa Pola (Alicante) y, apenas un mes después, consiguió el traslado a Madrid, donde podría cobrar entre 3.000 y 15.000 euros netos mensuales, como aseguran fuentes del registro consultadas por El Español. Aunque, eso sí, IU apunta que el salario real puede oscilar entre 100.000 euros y 1,5 millones anuales, ya que los beneficios conseguidos por cada registro se reparten entre los registradores que trabajan en él.
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