El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el anteproyecto de Ley de memoria democrática que ha aprobado este martes el Gobierno pretende "resignificar" el Valle de los Caídos, de modo que los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un "lugar preponderante" de este mausoleo y el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto concreto de resignificación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a "todas aquellas personas que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil". Según ha explicado el propio Bolaños, que ha sido el encargado de llevar esta ley de memoria democrática al Consejo de Ministros, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. "Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley", ha defendido.
Asimismo, sobre el futuro de la Cruz del Valle de los Caídos, Bolaños ha señalado que "la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión". En ese marco, el ministro ha dicho que tendrán que "estudiar bien los detalles" pues, según ha recordado, el Valle de los Caídos "es una basílica, un lugar de culto". Además, ha añadido que quieren que también "responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos".
Además, este anteproyecto de ley de memoria democrática recoge la extinción las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. En cualquier caso, Bolaños ha explicado que la extinción de la Fundación Francisco Franco no será inminente, ya que una vez que se modifique la ley se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial.
"No será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco si es que así se insta por los órganos competentes", ha sentenciado el ministro de la Presidencia, que ha sido el encargado de llevar al Consejo de Ministros este anteproyecto en el que ya estaba trabajando la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto inicia ahora su andadura parlamentaria y, ante el rechazo que ya ha avanzado Vox y la petición de la Fundación Francisco Franco al PP de que luche contra esta ley, Bolaños ha asegurado que la voluntad es que tenga "el máximo consenso posible". "Más allá de las declaraciones de un tipo o de otro, la voluntad del Gobierno es que los partidos se sumen a una ley homologable al resto de paises europeos, que lo único que pone en el centro es alas víctimas de una dictadura", ha subrayado Bolaños.
El Gobierno también ha anunciado la creación de nuevas fechas conmemorativas, que deben ser aprobados por el Congreso de los Diputados, como son el 31 de octubre, cuando se celebrará el Día de Todas las Víctimas de la Guerra Civil, el Golpe de Estado y la Dictadura; y el 8 de mayo, que se conmemorará el Día de las Personas Exiliadas. "Para homenajear a los españoles y españolas que tuvieron que abandonar nuestro país porque no podían vivir en la dictadura franquista. Es una ley que nos hace mejores como país", ha señalado Bolaños.
Otro de las novedades que se recogen en este anteproyecto de ley es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española. El otro supuesto, según ha detallado Bolaños, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que solo afectó a los hijos menores: "Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad".
Por otro lado, el Gobierno creará con esta ley una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que "investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas".
La Ley es "claramente mejorable"
Unidas Podemos ha remarcado que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es "positivo" pero también tiene margen de mejora para incorporar más avances acorde con las reivindicaciones de los colectivos memorialistas, que intentarán llevar a término durante el trámite parlamentario. La diputada del grupo y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha subrayado en rueda de prensa que "echan de menos" algunos aspectos, como el habilitar reclamaciones económicas a las víctimas de la dictadura franquista.
También aspiran que las vulneraciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la transición sean contemplados también como "crímenes de la dictadura". No obstante, celebran una ley que introduce "no pocos avances", como el hecho de que la Fundación Francisco Franco no reciba subvenciones públicos, pero es un anteproyecto "claramente mejorable".
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Sofía Castañón, ha destacado que coincide en la necesidad de trabajar por la "justicia, la verdad y la recuperación de la memoria democrática" y, por tanto, son "muy claros" en su afán por conseguir que este proyecto legislativo responda a las demandas de los colectivos memorialistas.
Errejón dice que "llega tarde para mucha gente"
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recalcado la necesidad de la nueva Ley de Memoria Democrática que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros, aunque admite que la recibe con una "sensación agridulce" porque la considera "tibia" y, sin duda, "llega tarde para mucha gente".
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, es una norma que todos los "demócratas" deben celebrar. Se trata, en su opinión, de "una ley necesaria" que "por fin" pone a España "a la altura de las democracias avanzadas europeas que no tratan de ocultar su pasado violento ni de utilizarlo como arma política".
Pero, por otra parte, señala que es un texto "tibio", máxime teniendo en cuenta que ha tardado un año en "cocinarse", y que, además, "no satisface muchas de las demandas de las víctimas" ni parte de los acuerdos internacionales ratificados por España.
"Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado"
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez esté centrado en "mirar atrás" con la Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros y no se ocupe de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos. A su entender, "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza".
"Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un Gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles", ha declarado Gamarra tras reunirse en el Congreso junto al presidente del PP, Pablo Casado, con los sindicatos de Cuerpo Nacional de Policía y asociaciones de la Guardia Civil.
Gamarra ha asegurado que es "necesario mirar hacia adelante" y ha añadido que por eso el PP apuesta por una Ley de Concordia cuando llegue al Gobierno, como anunció este lunes Casado desde Ávila y que van a registrar también en la Cámara Baja. El presidente del PP confirmó este lunes que si llega a Moncloa sustituirá esa Ley de Memoria por una Ley de Concordia.
En este sentido, Gamarra ha explicado que esa Ley de Concordia "forma parte del compromiso de gobierno" del PP "cuando los españoles le dén esa oportunidad de gobernar". "Esa ley lo que quiere es mirar hacia el futuro y hacerlo desde la concordia, que significa el reconocimiento de lo que la Transición ha supuesto para la historia de España y para la convivencia entre los españoles", ha manifestado.
La portavoz del Gripo Popular ha recalcado que en este momento los españoles tienen "muchísimos problemas" porque, por ejemplo, en el día de hoy "se ha batido el récord del precio de la luz" y en mayo "se batió también el récord de la deuda pública". En este punto, ha censurado que "ante esa crisis que supone la factura de la luz", el Gobierno no ofrezca "respuesta" cuando lo que "necesitan" los españoles es que se encargue de dar "soluciones a los problemas reales" que tienen en el momento presente. "Hoy los españoles ven cómo su factura de la luz va a subir un 35% en relación a la factura de este mismo mes el año pasado", ha enfatizado.
Vox la considera "un atropello a las libertades"
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros, y la derogará por ser "un atropello a las libertades", junto con la de memoria histórica, en cuanto los españoles les den la confianza suficiente para ello.
El portavoz de Vox en el Congreso ha afirmado en Zaragoza que "la historia debe ser para los historiadores y no nos gusta que haya un Gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar", y le parece inadmisible que "se amenace con sanciones a todas las personas que tengan una idea diferente". Espinosa de los Monteros ha señalado que "el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad de todos españoles ante la ley, sin discriminar por razón de su sexo, de su raza o de su credo", y ha añadido que "también deberían respetarse las diversidad en el ámbito ideológico, no hay por qué estar de acuerdo en todo".
El portavoz de Vox ha considerado que lo que se pretende con la recién aprobada ley "es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión distinta de la historia". En este sentido, ha declarado el rechazo de su formación a "la Ley de Memoria Histórica que introdujo el Partido Socialista y que el Partido Popular consolidó al no derogarla".
"Si la ley de memoria histórica del PSOE consolidada por el PP era grave, esta ley de memoria democrática es un paso más allá. Un atropello a las libertades", ha incidido. La nueva normativa es, ha relatado, "un paso más allá, con la creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, definiendo odio como todo aquello que no concuerde con el consenso 'progre'".
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