El proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, que afrontó la pasada semana su primer escollo parlamentario —el debate de totalidad se saldó sin que ningún grupo parlamentario presentara texto alternativo y reclamara su devolución—, está viciado de origen, según la portavoz del grupo Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto.
La norma, cuyo debate surge en la comunidad gobernada por PP y Cs en pleno juicio por los papeles de Bárcenas y la llamada ‘caja b’ de los populares, define en su artículo 2 como corrupción, entre otras prácticas ilegales, “la conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisión de los puestos de trabajo en el sector público andaluz, incluidas las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía”.
“Esto aplicado a la escandalera que estamos viviendo con las contrataciones exprés impulsadas por el señor Bendodo —Elías, consejero de Presidencia—, parece que coloca al Gobierno de la Junta en una situación de corrupción flagrante, según el tenor literal de este proyecto que ha comenzado su andadura en la Cámara”, ha asegurado Nieto en días pasados. La diputada andaluza de IU también ha recordado que, curiosamente, el texto que se ha llevado al Parlamento se parece “extraordinariamente” a la proposición de ley que en la anterior legislatura registró Podemos en la Cámara autonómica, y que entonces contó con la abstención de PP y el ‘no’ de Cs, entonces socio externo del Ejecutivo de Susana Díaz.
Precisamente la formación naranja está ahora intentando acortar los plazos de la tramitación parlamentaria de dicha ley contra el fraude y la corrupción en Andalucía para que su entrada en vigor se produzca cuanto antes. Aparte de los contratos a dedo tipo los que ha venido promoviendo el ala PP del Gobierno andaluz a raíz de la pandemia, y que han sido en diferentes casos tumbados por la Justicia por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad”, el texto en su artículo 2 también define corrupción como “abuso de poder para obtener ganancias o beneficios ilegítimos, para sí o para terceras personas, mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos” y “cualquier otro aprovechamiento irregular, para sí o para terceras personas, derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso, en beneficio privado, de informaciones derivadas de las funciones atribuidas a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación”.
Acortar el plazo para la presentación de enmiendas y de comparecencias de agentes sociales es el objetivo ahora de Cs para acortar la tramitación de una ley que prevé la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción. Esta oficina, que el líder de Cs Juan Marín viene demandando desde la pasada legislatura, estará adscrita al Parlamento de Andalucía, al frente de la cual su responsable tendrá un mandato de cinco años improrrogable e integrarán funcionarios de carrera con la consideración de autoridad pública.
La Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o interponer denuncias falsas o tergiversadas. Los denunciantes, asimismo, serán protegidos y se garantiza la confidencialidad de unas denuncias que se extienden a todo el sector público andaluz, incluyendo entidades locales y universidades.
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