Los letrados del Parlamento cuestionan la reforma del reglamento para expulsar de Adelante a Teresa Rodríguez y su grupo

El Pleno de la Cámara autonómica ha aprobado de urgencia la propuesta, mientras que los parlamentarios expulsados y que se mantienen como no adscritos han palmeado antes de marcharse del salón plenario

Teresa Rodríguez, en un momento del Pleno en el Parlamento andaluz, este miércoles.   PARLAMENTO
Teresa Rodríguez, en un momento del Pleno en el Parlamento andaluz, este miércoles. PARLAMENTO

Un informe de los letrados del Parlamento andaluz cuestiona la legalidad de la reforma del Reglamento de la Cámara que ha servido para dar soporte legal a la expulsión del grupo parlamentario Adelante Andalucía a Teresa Rodríguez y el grupo parlamentarios de Anticapitalistas. En paralelo, el Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este mismo miércoles, con los apoyos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, la abstención de Vox y el rechazo de los diputados expulsados de la confluencia de Podemos e IU, la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara presentada por los cuatro grupos que la han apoyado y que persigue recoger el espíritu del Pacto por la estabilidad institucional, acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas', suscrito el pasado mes de noviembre a nivel nacional entre once fuerzas políticas.

La toma en consideración se ha sustanciado sin intervenciones de los grupos, de manera que se ha pasado directamente a la votación. No obstante, antes de proceder a la misma, la diputada no adscrita Teresa Rodríguez pidió la palabra a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, quien le transmitió que no procedía darle la palabra. Esto provocó, como ha relatado Europa Press, la queja de Rodríguez, quien insistió en que quería trasladar unas consideraciones, como las relativas a que constara en acta que no se les ha notificado el rechazo de la Mesa del Parlamento al recurso de reconsideración que presentaron diputados no adscritos contra la decisión de dicho órgano de gobierno de la Cámara, adoptada en su sesión del pasado 27 de enero, de calificar de forma favorable y admitir a trámite dicha propuesta de reforma del Reglamento.

Bosquet le ha reiterado que no tenía la palabra, pero Rodríguez ha insistido en exponer sus consideraciones sobre este debate, planteando que el Reglamento permite que un diputado solicite la lectura de un documento, en este caso del informe jurídico emitido sobre la propuesta de reforma, que pone de manifiesto, según ha apuntado, que ésta es "inconstitucional". Bosquet le ha dicho que tenían ese informe ya a su disposición. Ha llamado al orden hasta en dos ocasiones a Rodríguez, advirtiéndola incluso de una posible expulsión del salón de plenos si no terminaba con su alocución. "Señora Rodríguez, se acabó el debate, ya está", le ha dicho.

Tras sustanciarse la votación, diputados no adscritos que fueron expulsados de Adelante han expresado su protesta palmeando sobre la mesa de sus escaños y, acto seguido, han abandonado el salón plenario.

La reforma, que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, ha sido impulsada tras la firma del citado acuerdo nacional contra el transfuguismo, que prácticamente coincidió en el tiempo con la expulsión de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez y otros ocho diputados afines a ella del grupo de Adelante Andalucía a solicitud de Podemos e IU por considerarlos tránsfugas tras salirse de Podemos, partido al que representaban cuando concurrieron a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

El citado pacto suscrito en noviembre a nivel nacional constituye la III Adenda del conocido como Pacto Antitransfuguismo, y con ella las fuerzas políticas firmantes se comprometían "a impulsar la modificación, desde el respeto a su autonomía e idiosincrasia, de los reglamentos de las cámaras y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a lo establecido en los acuerdos y las modificaciones legales que de estos se deriven".

Con esta modificación, el Reglamento determina que cada grupo parlamentario se dotará de "una normativa interna, que comunicará a la Mesa del Parlamento en el plazo de un mes desde su constitución, que podrá modificarse durante la legislatura", y que incluirá, entre otros contenidos, el procedimiento de incorporación al grupo, el de retorno y el de salida del mismo.

De igual modo, la reforma determina que, "una vez producida la adscripción a un grupo parlamentario (...), quien causara baja en el mismo adquirirá necesariamente la condición de diputado o diputada no adscrito".

Un parlamentario podrá causar baja en un grupo, pasando así a ser considerado por la Mesa de la Cámara como diputado no adscrito, por "abandono voluntario" o por "expulsión motivada" del propio grupo, que se canalizará mediante un escrito de su portavoz dirigido a la Mesa, la cual "se limitará a comprobar, conforme al procedimiento de acreditación establecido, que el acuerdo de baja ha sido adoptado por el órgano o las personas competentes, con las mayorías en su caso previstas, y que la causa invocada se halla expresamente prevista en la normativa interna del grupo parlamentario".

Transfuguismo

De igual modo, la reforma del Reglamento contempla el "supuesto de transfuguismo" como otra posible causa que motive la baja de un diputado de un grupo. En ese caso, "la comunicación a la Mesa del abandono, expulsión o separación del criterio político del diputado o diputada que concurrió por la candidatura de la que trae causa el grupo parlamentario corresponderá al representante legal del sujeto político que presentó la candidatura o al del partido político que propuso su inclusión en esta en caso de coalición electoral".

En todo caso, la reforma del Reglamento precisa que, "en cualquier momento, el diputado o diputada no adscrito podrá retornar al grupo parlamentario al que hubiese pertenecido, siempre que medien el consentimiento y la firma de su portavoz". Los diputados no adscritos "gozarán únicamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los diputados individualmente considerados", y "cuando adquieran tal condición dejarán de ocupar cualquier puesto o cargo en los órganos del Parlamento o de ostentar la condición de miembros de aquellos, sin perjuicio de su posterior elección o designación conforme a los procedimientos establecidos", según recoge también la proposición tomada en consideración.

Por otro lado, la reforma determina también que "cualesquiera derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios reconocidos a los grupos parlamentarios" en el Reglamento y demás normativa parlamentaria "lo serán sobre la base del número de diputados obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron a las elecciones y de la que el grupo parlamentario trae causa, sin que resulte relevante el número de diputados con que cuente en cada momento el grupo" en cuestión.

En virtud de esta reforma del Reglamento, "se entiende en situación de transfuguismo a los diputados que, traicionando al sujeto político --partido político, coalición electoral o agrupaciones de electores-- que los presentó a las elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Se considerará tránsfuga asimismo "al diputado o la diputada electo por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsado del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Informe jurídico

Los servicios jurídicos del Parlamento, como se ha dicho, han elaborado un informe sobre esta propuesta de reforma, siguiendo instrucciones de la presidenta de la Cámara, que concluye recomendando que "se lleve a cabo una revisión detenida del texto" de la misma, "con la finalidad de mejorar su estructura, lograr una mayor concreción y precisión en la redacción de sus preceptos y en la utilización de los conceptos jurídicos, así como evitar desajustes entre los diferentes artículos que puedan generar dudas en su aplicación, y prescindir del uso de términos y expresiones que puedan generar confusión y falta de claridad". Rodríguez ya advirtió de que recurriría dicha modificación. 

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