La recién nacida asociación Concordia Real Española, cuyo portavoz es el ex presentador de TVE Alfredo Urdaci, se ha llevado un varapalo en su primer intento por realizar una denuncia mediática, basada en supuestas "injurias a la Corona" por parte de líderes de tres partidos políticos: BNG, ERC y Adelante Andalucía. En concreto, basándose en declaraciones de Ana Pontón, Pere Aragónés y Teresa Rodríguez, elevó una denuncia ante la Fiscalía alegando que incidir en los problemas económicos del rey emérito y de otras índoles que han propiciado su salida del país eran constitutivo de delito.
Nada más lejos de la realidad para la Fiscalía, que considera, como recoge El Confidencial, que esas declaraciones forman parte del ámbito de la libertad de expresión, máxime cuando las llevan a cabo representantes públicos. En el caso de Rodríguez, indicó que Juan Carlos I es un "ladrón" y que la Monarquía está "corrupta hasta el tuétano". El resto de representantes de partidos realizó declaraciones similares. Tal y como recuerda el rotativo, el portavoz de los partidos de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ya realizó declaraciones en esa línea tiempo atrás y el Tribunal de Estrasburgo rechazó la condena de la justicia española, obligando al Estado a indemnizarle.
Este ha sido uno de los argumentos, toda vez que las críticas pertenecen al ámbito de la libertad para reclamar la necesidad de una forma de Estado alternativa. Ni ser republicano, ni independentista, por ejemplo, son delito en España, algo a subrayar aunque parezca obvio. Tampoco, utilizar argumentos para defender esos cambios, aunque ellos supongan críticas "agrias", según doctrina del Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que la denuncia presentada por la asociación monárquica y conservadora recién constituida no ha llegado a iniciar un procedimiento penal, toda vez que la denuncia ante Fiscalía supone, sencillamente, una comunicación de unos hechos ante las autoridades que podrían investigarlo. En este caso, tras un estudio de apenas unos días, el organismo ha entendido que no constituye delito. Eso tampoco cierra la puerta a que la asociación decida acudir directamente a los juzgados a presentar las denuncias que considere pertinente, toda vez que la resolución de los fiscales no tiene carácter ineludible. De hacerlo, la asociación se arriesgaría a que se le impusieran las costas generadas en el caso de que un tribunal decidiera en el mismo sentido que la Fiscalía.
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