La Fiscalía de la Audiencia Nacional está examinando una denuncia presentada por la asociación Concordia Real Española contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana (ERC); la presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.
Según han explicado a Europa Press desde Concordia Real Española, lo que ha hecho la asociación es poner en conocimiento del Ministerio Público unos hechos que consideran que podrían ser delictivos, pues las injurias a la Corona están contempladas en el Código Penal, concretamente en su artículo 491, y la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar este tipo delictivo.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han confirmado la recepción de la denuncia y que se han incoado diligencias para determinar si lo que se relata en la documentación entregada por la asociación es constitutivo de delito. Una denuncia similar se había planteado en Baleares por el Foro Baleares, que añadía en la lista de denunciados al coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera.
La asociación Concordia Real Española tiene como portavoz a Alfredo Urdaci, el que fuera presentador de informativos de TVE bajo la presidencia de José María Aznar, y que tras su destitución ha pasado por varios medios conservadores. Bajo las siglas CREE, indican tener entre sus objetivos la puesta en valor de la Monarquía y no se le conoce más actividad que la presentación de las citadas denuncias. En varias entrevistas, ya lo ha declarado él mismo, que una de sus primeras actividades serían estas denuncias.
Asimismo, no han dado a conocer qué declaraciones estarían en manos de la Fiscalía. En cualquier caso, hay que subrayar que proponer una forma de Estado diferente a la Monarquía no está penado, ni argumentar al respecto. Si algunas declaraciones no estuvieran protegidas por el derecho fundamental a la Libertad de Expresión lo tendrían que determinar los juzgados si, finalmente, al Fiscalía prosiguiera con una investigación.
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