Más de 5.200 firmas recogidas y la implicación de 165 colectivos vecinales, sindicales, agrarios, religiosos, culturales y públicos, entre otros, no han podido frenar el ingreso en la prisión de Puerto III, el pasado sábado, de María del Carmen Martínez, exdelegada de Movilidad, Seguridad y Medio Rural durante la etapa de Pilar Sánchez en el Ayuntamiento de Jerez y que, como ella, fue condenada por el caso PTA. En el caso de Martínez, eran dos años y seis meses de pena lo que dictó para ella la sección octava de la Audiencia Provincial como autora de un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, lo que implica su ingreso en prisión, algo que sus amistades y familiares intentaron evitar desde una plataforma creada a tal efecto.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha denegado recientemente la demanda de indulto parcial o total, sustentada principalmente en la grave enfermedad que ha sobrellevado en este tiempo Martínez, y finalmente la han obligado a ingresar en prisión. Fuentes judiciales aseguran que deberá cubrir al menos nueve o diez meses antes de disfrutar de la vida en libertad.
Desde 2011, María del Carmen Martínez está alejada de la política a causa de una enfermedad que sigue combatiendo, pero no ha dejado de participar, estudiar y trabajar con colectivos, fundamentalmente de su zona, La Barca y el Jerez rural. La plataforma que pedía su indulto recordó que "en una vida tan intensa y fecunda de compromiso con la comunidad pueden cometerse errores y uno de ellos puede llevarla a la cárcel. Es por eso que pedimos clemencia al Ministro de Justicia para una persona a la que se le puede culpar de no conocer la administración y sus procedimientos, pero en ningún caso de haber actuado consciente y dolosamente en su propio favor o en el de terceros”.
Finalmente, no ha habido esa clemencia ante un caso en lo que se juzgaba era una operación de compraventa ilegal de suelo municipal, sin que finalmente llegara si quiera a hacerse uso de la parcela en cuestión por la empresa supuestamente beneficiada de una rebaja en el precio. Junto con Pilar Sánchez, tambiénfue condenada a pagar con carácter solidario de 122.360 euros al Ayuntamiento por el perjuicio económico realizado con la referida concesión.
En declaraciones a Diario de Jerez, la ex responsable municipal, totalmente destrozada, aseguraba en días pasados que "esto es peor que el cáncer, no puedes hacer nada". "Cuando ingrese no voy a permanecer inactiva. Ayudaré a los demás. Estudiaré, intentaré que mi estancia allí sirva para algo".
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