Peligra la estabilidad en la Junta: PP y Cs, sin apoyos para aprobar el decreto de simplificación

Salvo cambio de Vox de última hora, el Gobierno andaluz volverá a perder una votación en el Parlamento de Andalucía, algo que puede convertirse en habitual y precipitar las elecciones autonómicas

Bendo y Marín, este pasado martes, con la viabilidad del Gobierno de PP y Cs en la Junta cada vez más difícil.
Bendo y Marín, este pasado martes, con la viabilidad del Gobierno de PP y Cs en la Junta cada vez más difícil.

El Gobierno de Partido Popular y Cs se enfrenta este miércoles a una de las pruebas más duras que ha tenido, hasta el momento, en la legislatura. Previsiblemente y salvo cambio de última hora —algo que, por otra parte, tampoco es nuevo— el tercer decreto de simplificación administrativa no conseguirá el respaldo del Parlamento de Andalucía.

Será la segunda vez en la que la coalición de Gobierno vea reflejada en una foto fija su minoría parlamentaria. La primera fue durante la tramitación de los presupuestos de 2022, donde Vox, PSOE, Unidas Podemos y no adjuntos votaron a favor de las enmiendas a la totalidad y tumbaron su aprobación.

Esta ocasión, sin embargo, supondría que los presupuestos no fueron algo puntual y que PP y Ciudadanos lo van a tener muy complicado, incluso, para terminar el primer periodo de sesiones del año, como se habían propuesto ambas formaciones. Elías Bendodo ya hizo referencia a esto hace unas semanas indicando que al Gobierno le tocaba ir “partido a partido” a partir de ahora. El último pleno, en el que se votaba la creación de Trade, lo superaron con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. Esta vez parece que la coalición no correrá la misma suerte.

Pese a la relevancia que le ha dado el Ejecutivo a este decreto de simplificación – el tercero de la legislatura – con una presentación a lo grande por parte del presidente, Moreno Bonilla, rodeado de empresarios y la insistencia posterior de Elías Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el texto no contaba con la aprobación ni de la oposición, ni de los sindicatos.

Precisamente, será Elías Bendodo el encargado de defender el decreto. El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, volvió a insistir en algunos tópicos que viene repitiendo el Gobierno andaluz en los últimos meses y que, además, fueron los esgrimidos durante la negociación de los presupuestos. Entre estos tópicos está que el decreto no es “ni de izquierdas, ni de derechas”, la apelación al “sentido común”, o “facilitar la vida a los andaluces”. Seguramente se verán repetidos en la tribuna del Parlamento.

Aunque también volverá a estar presente el fantasma de la ‘pinza’, lo cierto es que el PSOE-A tendió la mano para negociar este decreto, eso sí, lo hizo para que se tramitara como proyecto de ley y, por tanto, pudiera ser enmendado. El Ejecutivo andaluz lo ha rechazado alegando que “Andalucía no puede esperar, necesitamos que entre en vigor cuanto antes”. El resultado es que el apoyo de los socialistas – y el de Unidas Podemos – está absolutamente descartado.

Mario Jiménez, diputado del PSOE, en su vuelta a la primera línea del grupo parlamentario se ha sumado a la línea que denunciaron los sindicatos señalando que esta norma pretende “desregular” y cambiar “el imperio de la Ley por la ley de la selva”. La principal preocupación que ha espetado la oposición desde que se dio a conocer el decreto es la reducción de controles que puede conllevar este intento de aligerar trámites. Muchos de ellos enfocados a la inversión empresarial.

Para Juan Marín, el vicepresidente, el motivo del rechazo socialista es que el PSOE “no ha sido capaz de hacerlo en sus 37 años de Gobierno y no le sienta bien que sea un decreto del PP y Cs”. Bendodo, por su parte, añadió que Andalucía, tras los gobiernos socialistas, “está cogiendo los trenes que nunca debió haber perdido”. La falta de consenso impedirá que la Junta pueda presumir de convertir a Andalucía en la comunidad “con menos trabas administrativas”.

Explicar a los ciudadanos un posible adelanto electoral

El caso de Vox es bien distinto. Una de las peticiones de la ultraderecha desde el inicio de la legislatura ha sido acabar con la maraña burocrática y facilitar las gestiones. Ahora, con un decreto a medida de lo solicitado, su apoyo está prácticamente descartado. Un cambio de opinión no sería una sorpresa porque ya se ha dado antes, pero el adelanto electoral en Castilla y León ha reforzado en las últimas horas, aún más, la posición con la que la formación de Abascal venía advirtiendo desde hace meses.

Manuel Gavira, portavoz de Vox, ya avisó en el último pleno de que su partido no volvería a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Ciudadanos en lo que queda de legislatura. Desde el Ejecutivo son conscientes de que “están en el adelanto electoral” e insisten en que “tendrán que explicárselo a los ciudadanos”.

La “tercera pata del cambio” parece haberse roto, o, al menos, ya no está dispuesto a sujetarlo. Este miércoles se verá de forma más precisa si Vox va a persistir en su rechazo a las normas del Gobierno para precipitar el adelanto electoral y truncar el objetivo de finalizar el primer periodo de sesiones del año. De momento, en la última encuesta, la ultraderecha retrocede.

Sobre el autor:

Emilio Cabrera

Periodista.

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