La Junta paga "unos 45.000 euros al año" a una empleada pública a la que no da trabajo

El juzgado declaró nulo por "discriminación ideológica" el despido, tras el cambio de Gobierno andaluz, de la ex coordinadora y directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco. Volvió a ganar otra demanda por incumplimiento de sentencia, le reconocieron la categoría, pero sigue de brazos cruzados

María de los Ángeles Carrasco (i) y la consejera Patricia del Pozo, en imágenes de archivo.
María de los Ángeles Carrasco (i) y la consejera Patricia del Pozo, en imágenes de archivo.

¿Puede una administración pública en los tiempos que corren permitirse pagar retribuciones a personal que tiene por no trabajar? Por surrealista e intolerable que parezca, en plena pandemia sanitaria, social y económica, la respuesta es sí. Es el caso de la ex directora del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), María de los Ángeles Carrasco (Ubrique, 1976), que después de ser despedida de su puesto hace aproximadamente un año y ocho meses ha conseguido por vía judicial la anulación del despido, pero aún no ha conseguido volver a tener ocupación en la Junta de Andalucía que preside el dirigente del PP Juan Manuel Moreno Bonilla.

En septiembre de 2006 se presentó a una plaza que ganó con contrato laboral para coordinar este organismo dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. En junio de 2010, los cargos políticos de aquel momento le ofrecieron un contrato de alta dirección para dirigir dicho IAF, con la condición —a la firma del puesto de alto cargo— de que podía ser revocado de un día para otro y ella volvería a su plaza inicial. Tras cuatro prórrogas de dicho contrato de alta dirección, el cambio de gobierno en la Junta, en enero del año pasado, supuso que apenas un par de meses después de ser nombrado el nuevo responsable de la Agencia, Fernando Francés (que a los meses dimitió), el Ejecutivo de PP y Cs decidiese no solo destituirla, sino ponerla en la calle. No había plaza disponible, pese a que estaba reconocida su antigüedad como empleada pública. Aquí comenzó la batalla judicial de Carrasco, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y afiliada al PSOE, por recuperar su puesto de trabajo.

En enero de este año, el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, en una sentencia a la que ha accedido lavozdelsur.es, le daba la razón: su despido de la Junta debía considerarse nulo por “discriminación ideológica”, lo que vulneraba derechos fundamentales. Igualmente, el proceso judicial, donde incluso el fiscal se personó en su causa, culminaba con el dictamen del tribunal ordenando el pago de atrasos y la reincorporación a la coordinación del Instituto Andaluz del Flamenco, la que era su plaza y cargo que a día de hoy —al igual que ocurre con la dirección de este ente público— sigue vacante. La Junta pareció acatar la sentencia.

Sin embargo, cursaron su alta en la Seguridad Social, pero la adscribieron a un puesto técnico sin ningún tipo de contenido. Nueva demanda meses después de ganar la primera. Esta vez, por incumplimiento de sentencia. De nuevo el fallo judicial fue rápido: cabía recurso, pero no interpretación de la sentencia inicial porque la plaza es la que es. Le reconocieron la categoría y la Administración autonómica ha recurrido alegando que la plaza que ocupaba, y consolidó desde 2006, ya no existe. ¿Qué hace la Administración? Le pagan “unos 45.000 euros brutos al año, pero la arrinconan”, aseguran a este medio fuentes judiciales consultadas. La Justicia establece ciertas medidas de protección al incidirse en la discriminación, y además de reconocerle la categoría profesional, la exime de trabajar en cualquier sitio que no sea su plaza hasta que se dilucide el recurso definitivo.

Trasladó a los máximos responsables de la Agencia —en este caso, la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo (PP)— que seguía estando dispuesta a trabajar y que, de hecho, lo que quería era trabajar, pero “le retiraron hasta el equipo informático”. El caso de Carrasco, que según los sindicatos consultados, “no es ni mucho menos el único en la Junta del cambio”, es muy simbólico si se tiene en cuenta la situación que atraviesa el mundo de la cultura debido a la pandemia y, especialmente, el flamenco. La Unión Flamenca, la organización sindical del mundo del arte jondo en la comunidad, ha lamentado recientemente no solo carecer de interlocución con la Junta de Andalucía, sino que ni siquiera obtiene respuestas a sus peticiones de reunión. Es triste y vergonzoso que, después de ganar sus litigios judiciales contra la Junta, Carrasco, que no venía del flamenco pero logró hacerse muy querida en el sector por su labor de contacto directo y permanente con todo el tejido flamenco andaluz, se encuentre arrinconada por tener carné político. Tan lamentable como se hable de apoyo y respaldo al flamenco, hoy 16 de noviembre, y se permitan estas purgas costeadas, por supuesto, con dinero de todos los andaluces.

"Los equipos están funcionando muy bien"

"Creo que los equipos son muy buenos, que podemos trabajar muy bien y cuando vengan tiempos de más alegría económica sacaremos tanto esta plaza como la del Instituto Andaluz del Flamenco". Se refería la consejera de Cultura, en agosto pasado, a la Dirección de Artes Visuales, también dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. "Creo que no es el momento de sacar convocatorias públicas para nuevos cargos, nuevos directores o nuevos altas cargos con la que está cayendo", incidía Del Pozo, que apostaba por "sacar lo mejor" de los equipos de la Consejería y cuando "todo mejore" sacar esas plazas.

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