La Junta de Andalucía ha vuelto a adjudicar un nuevo contrato para la reestructuración del sector instrumental de la administración pública. Un sector que también ha sido calificado, sobre todo por las personas que componen el Gobierno como “administración paralela”.
Pese al empeño en señalar estos entes instrumentales y el acuerdo firmado con Vox a principios de legislatura, apenas se ha avanzado en esta materia. El propio consejero de Administración Pública, Elías Bendodo, reconoció que sería difícil despedir a trabajadores porque “tenían derechos adquiridos”, pese a haber hablado previamente de "enchufes" y "red clientelar".
Durante el verano se publicaron las auditorías en el que varias empresas externas a la Junta hacían recomendaciones, algunas de ellas con muchas críticas como la sugerencia de privatizar INFOCA. Ahora, la Junta ha hecho pública la adjudicación del contrato “para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el servicio público Instrumental de la Junta de Andalucía y ejecución del plan diseñado. A los 3 millones de euros gastados entonces, se suman casi 1,8 millones en esta ocasión.
Para las auditorías se vieron beneficiadas grandes empresas del sector como Ernst & Young S, PwC, Deloitte Advisory S.L., Grant Thornton SLP, Accenture S.L. y Cremades & Calvo Sotelo-Novotec. Estas dos últimas – Accenture S.L. y Cremades & Calvo Sotelo-Novotec – han sido las beneficiarias en esta ocasión de los casi dos millones destinados a la reordenación del sector público.
Vox manifestó recientemente que la Junta no estaba cumpliendo lo acordado y arremetió fuertemente contra los dos principales movimientos que ha realizado la Junta de Andalucía en este ámbito: la creación de la Agencia TRADE, la Agencia ADA y la fusión de varias agencias sanitarias para integrarlas en el SAS. Por ejemplo, la creación de TRADE salió adelante por el voto favorable de PSOE y Unidas Podemos. La mayoría de liquidaciones han sido en Consorcios UTDLT, aunque esos procesos ya estaban en marcha en los últimos gobiernos socialistas.
Desde el sindicato Comisiones Obreras de Andalucía se han mostrado muy críticos. Su secretaria general, Nuria Martínez, ha acusado a la Junta de Andalucía de “poner en cuestión a los empleados y empleadas públicos” y, además, ha señalado que los resultados de las auditorías “han demostrado que en la Administración Pública no sobra nadie”.
El sindicato denuncia que estos movimientos del Gobierno de Andalucía son por “puro tacticismo electoral”. Martínez añade que estas situaciones profundizan en “el enorme daño que este Gobierno está haciendo a los servicios públicos en Andalucía”. Por último, CCOO indica “una intencionalidad de no resolver el problema de estos trabajadores y trabajadoras y dejar en manos externas una decisión que compete al Gobierno andaluz”. Por su parte, la Junta, una vez publicadas las auditorías, se dio dos años para la reordenación de estos entes instrumentales.
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