La Junta de Andalucía ha llevado este martes al Consejo de Gobierno la derogación parcial del Decreto-ley 3/2020 que permitía durante la pandemia realizar contrataciones de emergencias saltándose determinados procedimientos rutinarios y los exhaustivos controles que hay en materia de contratación. Esta actuación llega una semana después de que la oposición mostrara dudas sobre la utilización de este decreto.
De hecho, la Dirección General de la consejería de Hacienda ya advirtió el pasado 18 de junio de 2021 de que dicha norma tenía que tener a partir de ese momento un "carácter excepcional y residual" debido a que se había aprobado en una situación especial, durante lo más duro de la pandemia, para agilizar los trámites y, sobre todo, favorecer la llegada de material sanitario. Sin embargo, desde junio hasta marzo de 2022, la Junta ha seguido utilizando el procedimiento en la adjudicación de más de casi 100 contratos, alguno de ellos sin relación con el covid.
Precisamente, en el mismo Consejo de Gobierno en el que se derogará este decreto, también se utilizará para la adjudicación de un nuevo contrato. En concreto, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, establece que "se declara de emergencia la contratación del servicio de refuerzo de limpieza con destino en los centros docentes de la provincia de Jaén". Algo que, previsiblemente, no tiene demasiado que ver con la pandemia.
Ismael Sánchez, diputado de Unidas Podemos, ha tachado la situación de derogar un decreto que se está usando en el mismo Consejo de Gobierno de "pintoresca". La formación morada cree que la Junta "ha abusado" de los contratos de emergencia "con la excusa de la pandemia". Sánchez recuerda que el Gobierno de España derogó esta fórmula en junio de 2020, hace casi dos años.
El propio consejero de Hacienda, Juan Bravo, reconoció en el último pleno, en sede parlamentaria, que tanto en 2021 como en 2022 se había seguido utilizando el procedimiento, aunque defendió que había disminuido considerablemente con respecto a 2020. El PSOE, por su parte, anunció que iba a solicitar todos los contratos y que, además, iba a investigar si se había producido alguna situación similar a la ocurrida en la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
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