2014. Desesperación. Recesión económica. La Junta de Andalucía, entonces presidida por Susana Díaz y con María Jesús Montero como consejera de Hacienda, puso en marcha la llamada operación Sale & Lease back.
El Gobierno andaluz enajenó y vendió un lote de 70 edificios públicos, situados en todas las provincias y donde trabajan unos 8.600 empleados públicos de la Administración autonómica, a Inversiones Holmes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la filial española del fondo de inversión inmobiliario WP Carey.
La compraventa se cerró con la empresa, constituida apenas unos 15 días antes, a cambio de 300 millones y, como cláusula, la Junta debía mantenerse como inquilina durante un periodo de 20 años, prorrogables otros cinco. El fondo de inversión percibiría una renta anual de arrendamiento de 23.603.083 euros hasta, como poco, el año 2034. El negocio no podía ser mejor para el fondo de inversión, pero más ruinoso para los andaluces, pese a que en aquel momento se justificó en que se trataba de "hacer caja" para costear los servicios públicos.
En 2017, la Cámara de Cuentas llegó a cuestionar la operación inmobiliaria, un despilfarro de dinero público que, además, no consiguió aminorar deuda alguna, perdiéndose además el valor de los suelos donde se levantan los inmuebles de titularidad pública hasta entonces. Otro "incumplimiento" detectado por los auditores de la Cámara de Cuentas, como publicó El Mundo en 2017, es que la desafectación —declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público— de los bienes públicos debe ser previa y no simultánea a la aprobación de su venta. La Junta socialista, en cambio, lo hizo todo el mismo día, el 5 de diciembre de 2014, que coincide, además, con la fecha de adjudicación del contrato.
Según se dijo en diciembre de 2014, la operación, que la Junta intentaba cerrar desde 2011, "demuestra la confianza en Andalucía de los inversores extranjeros y revela un uso dinámico del patrimonio de la administración, que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan y se recupera en etapas de crecimiento económico".
Una década después, la Junta de Andalucía ya es nuevamente titular de los 70 edificios vendidos hace una década a la filial del fondo de inversión WP Carey, según se ha anunciado este lunes. Tras el acuerdo al que llegaron la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con la propietaria el pasado mes de octubre, este lunes se ha firmado en una notaría de Sevilla la operación de recompra de los edificios, y que va a suponer un ahorro de al menos 35,6 millones de euros cada año, que es la cifra que se ha pagado en el alquiler de estos edificios en 2023, según refleja la Junta en una nota de prensa.
"Esta operación supone la eliminación de una sola vez del 60% del coste de los alquileres anuales que ha venido pagando la Junta de Andalucía hasta el pasado año", explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien insiste, además, en que "en una década, habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra (unos 328 millones)". Apunta que "ésta operación ha sido posible gracias al saneamiento previo de las finanzas que ha llevado a cabo estos años la Junta de Andalucía y se podrá amortizar en menos de diez años".
Rebajar el coste de los alquileres que paga la Junta
El acuerdo suscrito por el actual Gobierno andaluz con la empresa propietaria de los edificios y rubricado formalmente este lunes ponía fin a una operación que resultó ruinosa para los intereses de Andalucía, al despatrimonializar a la administración autonómica y generar una deuda de por vida. La Junta vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones. Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones de euros cada año.
Entre los edificios que han sido objeto de la operación se encuentran algunos muy significativos, como los que comparten diversas delegaciones territoriales en varias provincias andaluzas (Málaga, Jaén o Córdoba, por ejemplo), o las sedes centrales de las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Salud y Consumo, en Sevilla. Hay oficinas de empleo, conservatorios, así como delegaciones territoriales.
La compra de estos edificios por parte de la Junta de Andalucía, que ha abonado por ellos 327.284.000 euros (más 1 millón más que se entregó en la firma del contrato privado), forma parte del Plan Estratégico de Sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, que está diseñando la Dirección General de Patrimonio.
Uno de los objetivos de este plan es reducir de forma drástica el coste de los alquileres que paga la Junta cada año y que ascendían hasta ahora, en conjunto, a casi 60 millones de euros. La mayor parte de estos alquileres (por encima del 61%) correspondían a los que la Junta ha venido pagando hasta ahora en virtud de la operación de Sale & Lease Back.
Otro de los objetivos del plan era, precisamente, buscar una solución al problema que se plantearía a partir del año 2034, una vez que expirase el contrato de alquiler suscrito con Inversiones Holmes para el uso de los 70 inmuebles que le compró a la Junta en 2014, en los que trabajan alrededor de 8.600 empleados públicos, en muchos casos en servicios de atención al público: las oficinas de empleo, los registros que se encuentran en las sedes de las delegaciones territoriales, etcétera.
El acuerdo alcanzado con WP Carey supone, en este sentido, la consecución de un doble objetivo: un ahorro más que significativo en alquileres y disipar la incertidumbre de la ubicación de los 8.600 empleados públicos que trabajan en estos edificios tras la finalización del contrato.
Los inmuebles, que disponen de 949 plazas de aparcamiento asociadas, se localizan en las ocho provincias andaluzas, el 92 por ciento ubicados en las capitales y en su mayoría situados en zonas céntricas, aunque ninguno está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Sevilla concentra el 36 por ciento de los edificios, que representan el 44 por ciento de la superficie total, ya que aglutina los servicios centrales de la Administración andaluza. En concreto, 25 inmuebles se encuentran en Sevilla, otros nueve en Huelva, ocho en Cádiz y en Córdoba respectivamente, siete en Jaén, cinco en Almería y en Málaga, y tres en Granada.