La Junta actualizará sus tasas y precios públicos después de 33 años

Adecúa las tasas a los servicios que presta la Junta, eliminando los que ya no se utilizan y creando nuevas tarifas como consecuencia de la prestación de nuevos trámites

Moreno, de espaldas, presidiendo el Consejo de Gobierno de la Junta de este pasado martes, en el que se ha aprobado el proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía.
Moreno, de espaldas, presidiendo el Consejo de Gobierno de la Junta de este pasado martes, en el que se ha aprobado el proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, que ahora remitirá al Parlamento para su aprobación, y que tiene como objetivo actualizar una normativa que data del año 1988, lo que la convierte en la más antigua de España. La nueva ley racionaliza y simplifica las tasas reguladas adecuándolas a los servicios públicos que realmente presta la Junta y suprime aquellas tasas que gravaban servicios actualmente inexistentes, bien porque han quedado obsoletos o porque han pasado a ser competencia de otros niveles de la Administración, como los ayuntamientos.

La futura Ley de Tasas y Precios Públicos, elaborada por la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, pretende acabar con la dispersión de preceptos normativos refundiendo en un único texto legal la regulación completa de las tasas, lo que aportará una mayor seguridad jurídica, además de publicar el importe actualizado de las tarifas en euros, conversión que actualmente no existía y dificultaba la gestión, a pesar de que hace dos décadas desde la llegada del euro.

Asimismo, adecúa las tasas a los servicios que presta la Administración de la Junta, eliminando aquellos que ya no se realizan y creando otras tasas como consecuencia de la prestación de nuevos servicios.

La finalidad de esta ley no es recaudatoria, ya que las tarifas de las tasas se establecen con objeto de sufragar el coste administrativo del servicio que presta la Administración, sin exceder del coste real del mismo, que corresponde abonar al beneficiario del servicio. Con la nueva norma, Andalucía se sitúa en la media de las tarifas tributarias que existen en el conjunto de las comunidades autónomas.

El proyecto de ley, que ya ha cumplimentado el trámite del Consejo Consultivo de Andalucía, cuenta con la consideración positiva de entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, Facua Consumidores en Acción, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, entre otras, y con el consenso de asociaciones que representan a los distintos sectores afectados por la norma.

Para atender la situación económica y social de Andalucía, la nueva ley establece un amplio abanico de beneficios fiscales para mayores de 65 años, menores de 18 años y jóvenes (se incorporan los menores tutelados por la Junta), víctimas del terrorismo, demandantes de empleo y personas con un grado de discapacidad acreditada igual o superior al 33%.

Entre otras, se recoge para estos colectivos la exención del pago de las tasas por expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios, de la tasa por los servicios académicos y administrativos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de la tasa en materia de enseñanza náutico-deportiva, así como de la tasa por inscripción en las convocatorias de la Junta de Andalucía para la selección de personal.

Destaca, como novedad, la inclusión en la ley de un beneficio fiscal para fomentar el uso de la administración electrónica aplicable a todas las tasas cuanto éstas se presenten de forma telemática. Del mismo modo, se recogen también bonificaciones para promover la digitalización de determinadas zonas, especialmente las más despobladas, y afrontar el reto demográfico en las tasas por ocupación de vías pecuarias, por ocupación de monte público a instancia de parte y por ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público, con el fin de fomentar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que mejoren la conectividad de alta velocidad para toda la población.

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