El juez Juan Carlos Peinado ha decidido transformar las diligencias de investigación sobre la contratación de la asistente de Presidencia para que, en caso de que se llegue a juicio por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sean juzgados por un jurado popular. La decisión afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid cita a los tres a comparecer en la sede judicial el sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas, conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el que las acusaciones deberán exponer los hechos y los delitos que atribuyen a los investigados.
El juez adopta la medida en el marco de la pieza separada que investiga un posible desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y su eventual desempeño de funciones privadas para Begoña Gómez. Peinado ha explicado que, aunque en un primer momento se consideró que no procedía admitir a trámite la querella presentada por Vox contra Gómez y Álvarez, la delimitación del objeto del proceso se clarifica de manera progresiva durante la investigación.
Peinado argumenta que solo respondió a su abogado
La decisión se ha tomado tras la práctica de varias diligencias, entre ellas la toma de declaración de los tres investigados y de distintos testigos, incluido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El juez señala que ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella ofrecen una imagen definitiva sobre el desenlace de la fase de investigación.
El auto también hace referencia a la comparecencia del 10 de septiembre, cuando Gómez y Álvarez no respondieron a preguntas de Peinado, de las acusaciones populares, del Ministerio Fiscal ni de los abogados de la defensa, incluido Francisco Martín Aguirre. En ese contexto, Peinado subraya que las respuestas que Begoña Gómez ofreció únicamente a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, no pueden considerarse exculpatorias.
