El diputado provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Ramón Galán, ha presentado una enmienda en el pleno de la Diputación que ha sido aprobada por unanimidad, mediante la cual se solicita al Gobierno central la derogación de la Ley 15/1997, norma que permitió la entrada de empresas privadas en la gestión del Sistema Nacional de Salud.
Galán ha incluido esta propuesta dentro de una moción socialista sobre los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, y ha apuntado a la presencia de conciertos sanitarios como causa de errores “de extrema gravedad” en la gestión del sistema andaluz. Según el diputado, el origen de esta situación está directamente relacionado con la privatización progresiva de la sanidad pública.
“Ya está costando vidas humanas”
Durante su intervención, el portavoz de Izquierda Unida quiso poner el foco en lo que calificó como “un caso de gravedad extrema en los cribados de cáncer”. Aseguró que la raíz del problema reside en “la privatización del Sistema Nacional de Salud en general”, impulsada, dijo, a partir de la aprobación de la Ley 15/1997.
Galán recordó que “en el año 2018 hubo un levantamiento por el nefasto funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud, que prácticamente fue uno de los elementos detonantes de la pérdida de las elecciones andaluzas de Susana Díaz”. Según añadió, “ahora mismo estamos en un caso más grave todavía, porque ya está costando vidas humanas”.
El diputado criticó además que “nos venden la moto de que la privatización va a mejorar el sistema sanitario, y es un engaño”. Defendió que desde la aprobación de la citada ley “se permitió que empresas privadas gestionasen la salud de todos los españoles y andaluces”, y advirtió de que los recursos públicos deben destinarse íntegramente a la sanidad pública.
Galán subrayó que durante la pandemia “se demostró claramente en el covid cómo quienes sacan las castañas del fuego cuando las cosas se ponen feas son los sanitarios del sistema público”. Por ello, afirmó con rotundidad que “no merece la pena apostar por empresas privadas que gestionen los servicios públicos de salud”.
Finalmente, insistió en la necesidad de derogar la Ley 15/1997, ya que, a su juicio, mientras existan empresas privadas en la gestión del sistema, “estos episodios desgraciadamente se pueden repetir, y esto no nos lo podemos permitir”.