El Gobierno de España ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, para que anule la moción que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, por entender que atenta contra la libertad religiosa.
"Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años", ha informado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
En un comentario publicado en X, el ministro ha precisado que el requerimiento se ha enviado en la mañana de este lunes, con "informe jurídico" del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
"Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional", ha defendido Ángel Víctor Torres.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha añadido que "frente a la deriva extremista" de PP y Vox, el Gobierno defiende "la Constitución, los derechos y la libertad religiosa". "Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia", ha apostillado.
El origen de la polémica
Una moción de Vox pedía que se prohibieran celebraciones islámicas en Jumilla, un municipio de unos 27.000 habitantes con una amplia comunidad musulmana. Este partido condicionó el apoyo a los presupuestos del PP al impulso de esta iniciativa.
Los populares modificaron la moción para no señalar directamente a esta religión, sino para prohibir, de forma genérica, las celebraciones religiosas, culturales y sociales en polideportivos de Jumilla.
Vox presume de "hacer historia" en esta localidad y de promover las "raíces cristianas", mientras el PP niega que esta moción vaya contra ningún credo. Hasta la Conferencia Episcopal ha cargado contra esta iniciativa que, a su juicio, atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano.
El requerimiento presentado por el Ejecutivo nacional, a través de la delegación del Gobierno en Murcia en coordinación con los ministerios de Justicia y Política Territorial, considera que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan". También recuerdan que la celebración de la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán se venían realizando "desde hace años" y ahora se restringe "de forma arbitraria", lo que entienden que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.