El indulto a los políticos catalanes hecho efectivo esta semana ha dejado una consecuencia inesperada, que se inicia en parte por unas palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una manifestación en Madrid, dijo unas palabras que levantaron ya cierto revuelo días atrás. "¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?". De esta forma, la líder del PP ponía a Felipe VI en la diana, toda vez que la publicación en el BOE de todas las normas emanadas del Congreso o del Gobierno deben llevar ese trámite.
Sin embargo, la Constitución obliga al rey a firmar esos indultos y no hay cabida que dar su opinión. Legalmente, el papel del rey se limita a la ordenación de la Casa Real -disponer como quiera de los fondos asignados- y a representar al país en los términos que el Gobierno considere. Solo en el periodo de interrupción constitucional que se produjo en la práctica durante el golpe de Estado de Tejero el 23-F supuso una acción del monarca, Juan Carlos I, a ojos de la legalidad, que fue comunicar su apoyo a la democracia públicamente. El resto de decisiones de los reyes en España pasan siempre por las líneas marcadas por el poder ejecutivo.
Con todo, una parte de la derecha ha convertido a Felipe VI en objeto de las críticas. Con la expresión Felpudo VI se han referido a esa firma del monarca. Podemos, incluso, ha ironizado: "Enemigos de la derecha actualmente: Los malvados podemitas, el gobierno socialcomunista, los partidos catalanes, vascos y gallegos, el Consejo Europeo, la UE filocomunista, el presidente de la CEOE y ahora también Felpudo VI. Su España se parece cada vez más a un club de amigos".
La pregunta, en el fondo, es qué habría ocurrido de haberse producido un rechazo de Felipe VI a firmar esa norma, sobre la que posiblemente no sienta convencimiento interno sobre si es acertada por lo que supone. No existe un procedimiento constitucional previsto para el caso de que el rey manifieste su rechazo a firmar. Lo que parece difícil es pensar que, una vez manifestada públicamente la intención de aprobar ese decreto, el Gobierno hubiera decidido dar marcha atrás. En ese caso, sería una ruptura del cauce legal que da sentido a la monarquía parlamentaria: asentir a lo que decida el Gobierno que surge de las urnas.
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