El Gobierno afronta con escaso optimismo la votación de este miércoles en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En el PSOE reconocen que las posibilidades de que prospere la iniciativa son limitadas ante el rechazo del PP, Vox y, especialmente, de Junts. Los socialistas tratan de marcar distancia con una propuesta impulsada por la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para minimizar el coste político de un eventual fracaso parlamentario.
Fuentes de la dirección socialista admiten que la aritmética es complicada. El Ejecutivo da por perdido el apoyo de PP y Vox, mientras observa cómo se desvanecen las opciones de que el grupo de Carles Puigdemont permita continuar con la tramitación. El debate de las enmiendas a la totalidad, previsto para esta semana, se perfila así como una cita clave que podría frenar una de las medidas más emblemáticas del socio minoritario de la coalición.
Desde la sede socialista de Ferraz subrayan que la reducción de la jornada laboral es una bandera de Sumar y no del PSOE. Recuerdan que la vicepresidenta Díaz la presentó como iniciativa estrella de la legislatura y que un tropiezo en este terreno no debería interpretarse como un revés directo al conjunto del Ejecutivo. No obstante, la portavoz socialista Montse Mínguez dejó abierta la posibilidad de un pacto de última hora al señalar que aún quedaba margen antes de la votación, aunque advirtió de que, en caso de rechazo, serían las formaciones opositoras las que deberían justificar su postura.
El principal obstáculo para el Gobierno se encuentra en Junts, que ha expresado reiteradamente sus dudas sobre el impacto de la medida en las pequeñas y medianas empresas. Su portavoz, Josep Rius, afirmó que la reducción horaria es viable en grandes compañías, pero difícilmente asumible por el tejido empresarial más reducido. Advirtió además de que la propuesta podría poner en riesgo empleos, pese a reconocer la importancia de favorecer la conciliación.
Sumar intentará apurar
En el entorno socialista se asume que la oposición de Junts responde a una posición ideológica y a su cercanía con la patronal catalana. Consideran que la formación independentista puede rechazar la reducción de jornada sin temor a un desgaste electoral, dado que sus votantes son más sensibles a los argumentos empresariales que a las demandas de los trabajadores. Esa circunstancia complica los intentos del Gobierno por mantener la negociación abierta hasta el último momento.
Mientras tanto, Sumar insiste en mantener la presión política. Sus dirigentes aseguran que seguirán intentando convencer a Junts hasta el final y, en paralelo, buscan situar al PP de Alberto Núñez Feijóo en el centro del debate. En caso de que la votación no prospere, la formación de Díaz anticipa que volverá a llevar la propuesta al Congreso con el objetivo de que la reducción de la jornada laboral siga presente en la agenda legislativa.