Los sindicatos con representación en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) –UGT, CCOO y CSIF– han convocado dos jornadas de paro nacional los días 29 de marzo, coincidiendo con el Domingo de Ramos, y el 3 de abril, Viernes Santo. La referida agencia operará con servicios mínimos en fechas clave en las que cientos de hermandades dependen de la fiabilidad de las previsiones meteorológicas para decidir la salida de sus procesiones.
La convocatoria llega tras el bloqueo en las negociaciones laborales, una situación que, según los sindicatos, tendrá un impacto transversal en sectores especialmente sensibles al tiempo. Entre ellos, destacan los servicios aeronáuticos –pendientes siempre del tiempo y que durante los dos referidos días de parón no dispondrán de información de cara a sus vuelos y navegación aérea–, las celebraciones de Semana Santa, el ámbito asegurador, el transporte y la gestión de fenómenos adversos como lluvias, viento o nieve. También se prevén consecuencias en la difusión de datos, predicciones meteorológicas, asesoramiento técnico y actividades vinculadas a los sectores agroforestal y marítimo.
Precariedad laboral y tensión con el Ministerio
Las organizaciones sindicales han subrayado que, pese a la huelga, se mantendrán los servicios mínimos necesarios para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios esenciales. Además, recomiendan planificar con antelación, prever posibles retrasos o limitaciones y consultar los canales oficiales ante posibles incidencias derivadas de la reducción de actividad.
El calendario de movilizaciones no se limita a estas dos jornadas. Como antesala, los sindicatos han convocado una manifestación nacional el próximo 26 de marzo frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, en el marco de una serie de protestas iniciadas en diciembre del año pasado.
En el origen del conflicto se encuentra la precariedad estructural que, según denuncian los trabajadores, afecta al organismo. De una plantilla prevista de más de 1.400 puestos, apenas unos 1.100 están actualmente cubiertos, lo que genera una sobrecarga de trabajo y limita la capacidad operativa del servicio meteorológico estatal.
A esta situación se suman las condiciones salariales, consideradas insuficientes por los sindicatos. Un administrativo percibe en torno a 1.200 euros mensuales, mientras que un observador no alcanza los 1.500 euros y un predictor meteorológico se sitúa por debajo de los 1.800 euros al mes, cifras que evidencian, a su juicio, la falta de reconocimiento a funciones clave.
Las organizaciones sindicales atribuyen directamente la situación a la "nula voluntad negociadora" del Ministerio para la Transición Ecológica, al que acusan de haber prometido una oferta pública de empleo tras episodios meteorológicos extremos –como la dana de Valencia– sin concretar ni el número de plazas ni las condiciones laborales asociadas.