Corría julio de 1977 cuando un barco de la armada chilena solicitaba ser reparado en el puerto de Cádiz. El buque escuela de la dictadura de Augusto Pinochet había colisionado en el puerto israelí de la ciudad de Haifa y los trabajadores de la extinta Bazán, sociedad estatal predecesora de Navantia, se opusieron a su desembarco. Apenas un mes antes se habían celebrado las primeras elecciones democráticas en España desde la Segunda República y todavía no se habían cumplido dos años de la muerte del dictador. Ni la Constitución española ni la mayor parte de los acuerdos políticos de la Transición eran todavía una realidad.
En aquel entonces, el país estaba azotado por la crisis del petróleo. Habían pasado sólo cuatro años desde que el precio del crudo creciera exponencialmente en todo el mundo, llegando a incrementarse el precio del barril en un 1.000%. La inflación en aquellos duros años era superior al 10% en los países de la OCDE, pero en España la situación era más alarmante, superando el 40% anual en 1977. La tasa de paro empezó a incrementarse, aunque era relativamente baja en comparación a lo que vendría después y lo que se convirtió en el lastre nacional prácticamente hasta nuestros días. Las movilizaciones en la calle, las ansias de libertad y la ilusión por construir una sociedad democrática eran temas recurrentes en el cine, en la literatura o en la música. La solidaridad internacional, como no podía ser de otra forma, era uno de los pilares sobre los que se sustentaban también los movimientos políticos y sindicales.
Tanto Comisiones Obreras, como la Unión General de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera lo tenían claro: llamaron al boicot contra el buque escuela Esmeralda. Entre sus motivos estaba que el buque Esmeralda fue "una cámara de tortura empleada por el dictador Pinochet" y que además "en él muchos hombres y mujeres que lucharon por las libertades democráticas para su país han sufrido torturas y muerte". Al llamamiento de las centrales sindicales se sumó el de todos los partidos políticos de izquierda y de los parlamentarios del PSOE por la provincia de Cádiz, tal y como sostiene El País en la edición del viernes 15 de julio de 1977. Un acto de solidaridad con el pueblo chileno, según describe el periódico, sería organizado poco después por la coordinadora constituida a tal efecto, con la presencia de los dirigentes exiliados del Partido Socialista Chileno y de la Izquierda Revolucionaria de Chile.
A tan solo unos meses de los Pactos de la Moncloa, que para el ejecutivo y los partidos políticos que conformaron la mayoría de los acuerdos de la Transición intentaban poner freno a la alarmante situación económica del país, la izquierda política y social pensaba en clave internacionalista. O al menos eso se creía. El rechazo a reparar el buque Esmeralda de la armada chilena fue un símbolo de pacifismo y solidaridad obrera con el pueblo chileno, que sufría desde hace cuatro años una cruenta dictadura que acabó con la democracia en el país andino y se llevó por delante la vida, o en el mejor de los casos, los proyectos de vida de miles de personas. Aunque en aquel momento no se ponía en juego una gran carga de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz, fue un gesto que difiere mucho de la frivolidad con la que se torna el debate de las corbetas en la actualidad.
"Pienso igual pero actúo diferente porque hoy en día soy alcalde de esta ciudad"
Algo más de cuatro décadas después, los trabajadores de Navantia se han movilizado para que el contrato del Gobierno de España con Arabía Saudí por el que se construirán y venderán cinco corbetas se mantenga. El Gobierno socialista había cancelado la venta de 400 bombas a la monarquía saudí que pretendía utilizar en la Guerra de Yemen, en la que han muerto ya más de 10.000 personas y que acumula varios millones de desplazados.
De esa forma el ejecutivo se iba a sumar a otros países como Alemania o Finlandia que han cancelado la venta de armamento a la monarquía saudí. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles al frente, como el de Asuntos Exteriores, con Josep Borrell, han hecho las gestiones necesarias para que finalmente no se paralice esta venta de bombas ni se ponga en riesgo el contrato de las corbetas y la carga de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz. Éste último, de hecho, ha recalcado días atrás que las bombas que se venderán a Arabia Saudí "son de precisión, sin efectos colaterales".
La indignación de los movimientos sociales de corte pacifista apenas han hecho acto de presencia en los medios de comunicación. Las contradicciones de la izquierda política, como las que manifestaba el alcalde la ciudad de Cádiz, José María González Kichi, de Podemos, ponen de manifiesto el gran salto que hay desde la teoría a la práctica. En un programa pasado de 'Salvados' de Jordi Évole en La Sexta, el periodista catalán sacó unas declaraciones de Kichi en las que sostenía que había "que cortar las fuentes de financiación y las vías de comercio asimétrico con países como Arabia Saudí". El alcalde de Cádiz, sin embargo, apoya hoy a los trabajadores de Navantia y la construcción de los barcos en los Astilleros de Cádiz, ya que "la paz mundial no puede recaer sobre Cádiz ni nosotros decidimos sobre las guerras".
"Arabia es muy serio, por un tuit echaron a todos los canadienses del país"
El presidente del comité de empresa de Navantia, Jesús Peralta, salió hace unos días en los medios de comunicación alertando de un calendario de movilizaciones por parte de los trabajadores al ver peligrar el contrato de las cinco corbetas para Arabia Saudí. Para Peralta, «Arabia Saudí es un país muy serio», y las declaraciones de Margarita Robles, Ministra de Defensa, no aclaraban nada sino que confundían. Estas movilizaciones comenzaron con el corte de la AP4 y han sido canceladas con el cambio de planes del Gobierno de España, al vender definitivamente las 400 bombas a Arabia Saudí y la ratificación del contrato de las corbetas con la monarquía árabe.
"Un país que prefiere la muerte y el dinero"
Son pocos los personajes públicos que han salido a criticar al Ejecutivo socialista y la venta de las 400 bombas de precisión a la monarquía saudí. Entre esas voces se encuentra la de la periodista Cristina Fallarás que recuerda al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en Público que esta venta nos compromete y se hace en nombre de "todos los ciudadanos y ciudadanas españolas" avergonzándose de que "no exista ninguna voz discordante". "Cuando hoy mi hijo me pregunte por este tema, que en su momento comentamos en casa ligado a la educación en el respeto por los derechos humanos, le diré que vive en un país que prefiere la muerte y el dinero. Y que su Gobierno no nos representa".
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