La precampaña y la campaña electoral son dos momentos delicados en los que más hay que tener en cuenta la separación entre gobierno y partido político ya que está prohibido lanzar determinados mensajes o hacer ciertos anuncios desde según qué sitio. La Junta Electoral Provincial (JEP) de Sevilla lo ha vuelto a dejar claro con dos consejeros de la Junta.
Tanto el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, como la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, han sido apercibidos por la última rueda de prensa que ofrecieron el martes desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía. Según este órgano, ambos realizaron "manifestaciones con contenidos partidistas y/o electoralistas" persiguiendo el "demérito" de otros partidos.
Esta resolución llega después de que el PSOE presentara un recurso por declaraciones de Fernández-Pacheco en las que respondía a una pregunta sobre el papel del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la polémica sobre Doñana y su relación con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. En la denuncia, los socialistas también mencionaron otra respuesta sobre una investigación de Anticorrupción sobre los contratos exprés de la Junta.
La JEP afirma que las manifestaciones realizadas por Fernández Pacheco y Del Pozo "pueden vulnerar en algunos puntos lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)", que establece desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
En el caso del portavoz del Gobierno andaluz, la JEP sostiene que "puede entenderse que comporta un demérito de otra opción política, por ejemplo cuando contesta a las preguntas de los periodistas sobre las conversaciones de la ministra Teresa Ribera y el presidente del PP Alberto Núñez Feijoo y cuando contesta sobre la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de los contratos a los interinos".
Respeto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la JEP sostiene que sus manifestaciones "también en algún supuesto pudiera identificarse con un mensaje de indudable connotación electoralista".
Por todo ello, la JEP considera que "se vulnera el deber de diligencia en el comportamiento en sus intervenciones institucionales y se insta a ambos para que en el futuro eviten manifestaciones con contenidos partidistas y/o electoralistas, manteniendo su neutralidad".
No obstante, la JEP desestima la pretensión del PSOE de que esas manifestaciones sean retiradas de la web institucional de la Junta de Andalucía "porque estas manifestaciones las consideramos episódicas, puntuales y no de gravedad tan intensa que pueda comportar su eliminación en este momento, sin perjuicio de que se pueda adoptar esta medida en caso de su reiteración".
El PP, reincidente
No es la primera vez que la Junta Electoral llama la atención a miembros del Partido Popular por este tipo de comportamiento. Hace unas semanas advirtió a María José García-Pelayo, candidata del Partido Popular en Jerez, por el uso de consejeros de la Junta de Andalucía durante su agenda de campaña.
En concreto, la resolución en cuestión salpicaba a cuatro miembros del gabinete de Moreno. "Los actos llevados a cabo por los consejeros de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, José Carlos Gómez, y Jose Antonio Nieto, en compañía de la candidata del PP la señora Pelayo y otros miembros de la candidatura, son contrarios a la normativa electoral pues vulneran el principio de igualdad, respecto al resto de candidatos, que inducen al menos indirectamente el sentido del voto de los electores", explicaba la resolución.
Ante el recurso que realizaron los populares, la Junta Electoral quiso dejar claro que "no se está impugnando un tratamiento informativo sino las acciones directamente de las autoridades las que se refiere a la denuncia" ya que los actos que estos consejeros realizaron junto a Pelayo eran "contrarios a la normativa electoral pues vulneran el principio de igualdad respecto al resto de candidatos que inducen al menos indirectamente el sentido del voto de los electores, tal como se ha razonado".