"Te agradecería dieras las instrucciones oportunas para incorporar en la próxima nómina de dicho funcionario una gratificación por importe de 2.500 euros". Quien escribe y firma esta petición, fechada el 23 de mayo de 2013, es la ex alcaldesa de Jerez Maria José García-Pelayo (PP); a quien se dirige es al por aquel entonces delegado de Recursos, Javier Durá; y al funcionario al que se refiere es al alto cargo que ejercía en ese momento como director de servicio de asistencia jurídica en Alcaldía-Presidencia y que, a raíz de una jubilación, asumió durante algo más de dos meses las funciones y competencias correspondientes al puesto de secretario-interventor en las entidades locales autónomas jerezanas.
Sin pasar por su aprobación en junta de gobierno local ni por la Intervención municipal —para la pertinente fiscalización—, según ha confirmado lavozdelsur.es por fuentes municipales, Pelayo directamente solicitó a su delegado de Recursos que diese instrucciones para el pago de ese 'extra' de 2.500 euros a un funcionario que ya percibía una retribución bruta anual de más de 69.000 euros, incluyendo un complemento de productividad mensual de 1.359 euros. "Como quiera que la asunción de dichas funciones —escribe la exalcaldesa y ahora diputada— ha supuesto la realización de unos servicios extraordinarios con relación a los que normalmente le corresponden, e incluso fuera de la jornada habitual por la obligada asistencia a plenos y demás reuniones en las entidades pedáneas, te agradecería dieras las instrucciones oportunas para incorporar en la próxima nómina de dicho funcionario una gratificación por importe de 2.500 euros".
Así justificaba Pelayo los sobresueldos: "Encajar todas las piezas del puzzle es una utopía"
En todo caso, la generosidad de la ex alcaldesa del PP de Jerez con un grupo selecto de empleados públicos fue una constante en el mandato anterior. En junio de 2015, justo cuando aún permanecía en funciones, este medio publicó que había venido manteniendo un sueldo a uno de sus tres escoltas superior al de más de media docena de delegados del gobierno municipal. Por supuesto, mucho más que muchos altos cargos del Consistorio. Dicho guardaespaldas percibía un salario, en el total de la retribución de 2014, de 56.518 euros, superior a los 50.500 euros que la propia Pelayo fijó a principios de la pasada legislatura para sus concejales delegados intermedios.
En julio de 2014, hace ahora cuatro años, la ATMJ —agrupación de técnicos municipales que hoy en día se ha posicionado contra el actual gobierno socialista— denunciaba que el gobierno de los populares gastaba casi un millón de euros al mes en complementos extrasalariales como productividades, horas extra y gratificaciones, importe que serviría para pagar a casi 600 trabajadores con los sueldos que fija la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. Sin contar con la paga 'extra' de julio de aquel año, la organización sindical aseguraba que el gobierno del PP pagaba a 293 empleados de más de 4.000 euros líquidos de sueldo, al tiempo que anunciaba que acudiría a los tribunales para denunciar las "prebendas" preelectorales y el "oscurantismo".
En febrero del año siguiente, a meses vista de las municipales del pasado 2015, se conocía que en el conjunto de 2014 el PP al frente del ejecutivo local gastó más de 6 millones en sobresueldos, un 27% más que el ejercicio anterior. Solo en productividades, había desembolsado más de 3,6 millones, un 33% más que en 2013. Es más, como ya denunció el gobierno del PSOE el pasado año, el ejecutivo del PP llegó a mantener 197 puestos directivos con sobresueldos de hasta 1.300 euros. "No se puede pasar del caos a la perfección en tan poco tiempo; encajar todas las piezas del puzzle es una utopía", se defendía Pelayo cuando era atacada por aquel entonces por preservar un sistema retributivo arbitrario y desproporcionado para una administración pública que ningún gobierno local ha sido capaz de atajar hasta ahora de forma contundente.
Una subida salarial que pudo costar una mayoría absoluta
Si Pedro Pacheco comenzó este engranaje endiablado de conceptos extrasalariales y primas por especial rendimiento —que finalmente acabó siendo "un peligroso café para todos", como relatan fuentes municipales consultadas—, no le fue a la zaga Pilar Sánchez, la ex alcaldesa del PSOE que no solo mantuvo el sistema de productividades arbitrarias heredado de la época de Pacheco, sino que hay quien opina que perdió su mayoría absoluta en 2011 por, entre otras muchas cosas, nombrar a su pareja sentimental como jefe de gabinete, pasando de cobrar unos 35.000 euros anuales como escolta a casi 60.000 euros al año por su nuevo puesto.
En este mandato, se han dado pasos para poner coto a las arbitrariedades. A finales de 2016, la teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, anunció un ahorro de un 40% en productividades, aumentando el complemento específico de todos los puestos, “mejorando la estructura retributiva de la plantilla” y así los empleados “dejan de estar sujetos al gobierno de turno”. Hasta la fecha, el ejecutivo socialista, que ha tenido en los últimos días que defenderse de los ataques de PP y CGT por las retribuciones de algunos de sus altos cargos, no ha facilitados datos comparativos que demuestren que dicho complemento por especial rendimiento de los trabajadores se haya refrenado o no se esté repartiendo de manera discrecional como viene ocurriendo históricamente en el Consistorio jerezano.
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