Fue a comienzos de la legislatura, después de las últimas elecciones municipales de 2015, cuando la Diputación de Cádiz aprobó en un pleno extraordinario la estructura organizativa del mandato 2015-2019. Irene García, elegida presidenta de la Diputación de Cádiz con los votos del Partido Andalucista —Maribel Peinado en aquel momento— y Por Cádiz Sí Se Puede —José María González 'Kichi'—, valoró la decisión para perseguir "una institución ágil, eficaz y cercana, que se aplique un principio de austeridad y practique el diálogo con todas las fuerzas políticas".
En ese momento se fijó el coste de los cargos electos, aproximadamente 1,1 millones de euros, 90.000 euros menos que en el mandato de Loaiza (PP), entre 2011 y 2015. Una circunstancia que no fue propiciada por Diputación para ese año, sino por la circunstancia electoral y política de aquel momento: una reducción del número de diputados con dedicación exclusiva, pasando de 15 a 11, en el presente gobierno PSOE-PA de Diputación, al ligar las retribuciones con las del delegado de área (dos de ellos obtienen el 80% de la retribución), y porcentualmente hacer un baremo con los diputados con dedicación parcial (entre el 50% y el 75%). No obstante, los portavoces de los grupos políticos perciben la misma retribución que un delegado de área, y los que no tienen dedicación exclusiva son remunerados con 285 por asistencia a pleno y 142,50 por asistencia efectiva a las comisiones de las que forme parte. Los sueldos son de 69.000 euros anuales para la presidenta, 63.000 euros para los vicepresidentes y 61.000 euros para los diputados con dedicación exclusiva. El personal eventual, limitado a un máximo de 15 cargos, cobra en total 591.000 euros.
Esas asignaciones fueron aprobadas con el voto favorable de PSOE, PA e IU, pese a la abstención de PP, Por Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez, sin ningún voto en contra. Todos votaron a favor de la dotación económica y asignación de medios materiales y humanos. Para el próximo año 2019, según los presupuestos de Diputación a los que ha tenido acceso lavozdelsur.es, solo esta asignación, la dedicada a medios materiales y humanos, supone un gasto de 1.001.063,69 euros.
Por su parte, las retribuciones básicas se elevan a 1.074.990,14 euros, mientras que las dotaciones a los grupos políticos, que según fuentes consultadas por lavozdelsur.es no tienen que justificarse, en 1.036.800 euros. A estos tres conceptos hay que sumar la asistencia a los plenos (40.000 euros para todo el año), la seguridad social y otros conceptos. En total la Diputación Provincial de Cádiz prevé gastarse 3.364,919,83 euros en asignaciones a grupos políticos.
El presupuesto de la Diputación de Cádiz asciende a un total de 251 millones de euros para este ejercicio, aproximadamente un millón de euros menos que en 2018. Según explicó semanas atrás, para el diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís, realmente el presupuesto crece en 9 millones, ya que "Diputación no cuenta con el préstamo externo de 11 millones que tenía el año pasado".
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