El diputado provincial responsable de Desarrollo Social en Cádiz, Daniel Moreno, ha informado de que el presidente de la Fundación Aramburu Moreno y obispo de la Diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza, remitió a finales de marzo del pasado año a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, una carta en la que le pedía "recuperar a la brevedad posible el uso del edificio —en referencia al colegio público La Institución, en Cádiz— que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial". Hasta ahora, que se ha conocido que La Institución no tendrá próximo curso escolar, la Diputación solo había manifestado su apoyo al centro. La última vez, en diciembre pasado. "Existe un compromiso claro de esta Diputación para mantener el centro educativo y hacernos cargo del profesorado", aseguraba Irene García durante una entrevista en Radio Cádiz.
Según ha indicado la Diputación ahora, en la carta de marzo del año pasado el titular de la Fundación sostenía que "el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico". Asimismo, ha añadido que en esta comunicación a la presidenta de la Diputación el obispo le informaba en su calidad de presidente de la Fundación, conforme a la ley vigente de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la transformación institucional y social de España desde la fecha en que se firmó el convenio entre la Corporación Provincial y la Fundación, que data de 1963.
"Un cambio de tal magnitud que los fundamentos de nuestra colaboración han quedado desvirtuados, acaso para ambas partes", se argumenta en la carta. Además, el obispo indicaba que el mantenimiento de un centro público, como es la Institución Provincial Gaditana (IPG), en la finca propiedad de la Fundación "no es compatible con el marco jurídico, que todos debemos salvaguardar y respetar, en el que se desenvuelven las libertades de educación y religiosa".
Zornoza también informaba, según la Diputación, de que en el año 2000 el Patronato de la Fundación propuso a la Diputación la actualización del convenio firmado, al ser "evidente que no se estaban cumpliendo las estipulaciones pactadas". Entonces se solicitó una compensación económica que, aunque pactada, "no se venía percibiendo". El obispo también expresa en el escrito que los contactos se interrumpieron en 2005 "por causas desconocidas".
La carta solicita finalmente que, "concurriendo las causas de resolución previstas en el propio texto del convenio, debo decirle que el Patronato, ya en el momento presente, ha considerado la necesidad de emprender un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud que permita cumplir con los fines de los fundadores. Este proyecto requiere recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial".
"Cuando el PP gobernaba en la Diputación y en el Ayuntamiento hubo un claro intento de dejar morir una institución educativa como ésta. Pero nosotros siempre hemos tenido un compromiso de mantener el colegio", recordaba García en una entrevista de hace menos de medio año. La realidad será bien distinta finalmente para el séptimo centro público gaditano que cerrará sus puertas en poco más de veinte años.
La Junta de Andalucía ha manifestado que garantiza la escolarización del alumnado de la Institución Provincial Gaditana, en Cádiz, tras informar la Diputación sobre la no continuidad de la cesión del edificio como sede para centro educativo a partir del próximo curso.
En una nota, la Junta ha aseverado que la Consejería de Educación y Deporte ha apoyado el sostenimiento del centro en el marco de un convenio con la Diputación desde los años 60 y "seguiría apoyándolo". En este sentido, ha afirmado que la Diputación "es quien ha dado el paso para el cierre de la IPG, comunicando a la comunidad educativa que no continuará con la actividad".
Por su parte, el delegado territorial de Educación de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, se ha reunido este miércoles con representantes de las familias afectadas y ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", puesto que para el próximo curso "está garantizada la escolarización de sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos del municipio, en los que existen suficientes plazas".
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