Diputación inyectó sin control en solo tres años 3,3 millones de dinero de los gaditanos a la CEC

Ganemos denunció en 2017 estas subvenciones "camufladas" y ahora la Intervención pone reparos a este sistema. "Hay que llegar hasta el final", asegura Kika González

Irene García y Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, en una imagen de archivo. FOTO: CARMEN ROMERO
Irene García y Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, en una imagen de archivo. FOTO: CARMEN ROMERO

Entre 2017 y 2019, la entonces portavoz de Ganemos Jerez, Kika González, denunció por activa y por pasiva que el PSOE de Cádiz parecía "acordar y camuflar una inyección continua de dinero público a la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) bajo la fórmula de planes estratégicos para el empleo e incluso mediante subvenciones directas que no estaban sujetas a concurrencia alguna".

Un dinero público para el que en ningún momento se le ha pedido a la CEC, Confederación de Empresarios de Cádiz, "ni los objetivos de los mismos ni la concreción que correspondía. No se publicaron indicadores ni han sido objeto de evaluación".

El gobierno de Irene García, presidenta del PSOE en la institución provincial, implantó un sistema, a juicio de Ganemos, "ambiguo y confuso". "Lo que se le exige a cualquier colectivo o ciudadano de a pie para justificar una subvención no es lo que el gobierno de Diputación ha exigido a los millones de euros asignados a la CEC", ha recordado Kika González, portavoz de la agrupación municipalista jerezana.

La sospecha de Ganemos Jerez y de otros agentes sociales sigue siendo que millones de euros que debían dedicarse al fomento del empleo y al emprendimiento servían, simple y llanamente, para sostener económicamente a esta entidad. Un dato revelador: durante los años 2017, 2018 y 2019, la Diputación de Cádiz concedió a la Confederación de Empresarios de Cádiz 3,3 millones de euros de los 4 millones concedidos en Subvenciones Nominativas a Asociaciones para Gasto Corriente, un 82,5% del total.

Han tenido que pasar tres años para que sea la propia Intervención de la Diputación la que ponga en cuestión el sistema de subvenciones. "Esperemos que nuestra oposición responsable en la Diputación de paso ahora a que alguien tome el testigo y llegue hasta el final para saber qué hace la Confederación de Empresarios de Cádiz con el dinero público de todos los contribuyentes de nuestra provincia", ha denunciado Ganemos.

Ganemos Jerez ha decidido compartir con la opinión pública el informe de control financiero llevado a cabo por las interventoras Cristina Grandal Delgado y María Mercedes Rodríguez Osuna con objeto de informar a las vecinas y vecinos de la provincia sobre este asunto; en virtud y fomento de la transparencia en la gestión económica de la Diputación de Cádiz: Informe de la intervención de Diputación de Cádiz.

Descontrol en las cuentas, según Loaiza

Por su parte, el actual portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha criticado la "falta de control" por parte del gobierno provincial en el uso del dinero público y ha hecho referencia a dos informes de Intervención en los que "se pone en evidencia la política financiera llevada a cabo".

En un comunicado, ha explicado que durante 2019 se emitieron 188 informes de pago por valor de más de 8,8 millones de euros "fuera del control de la Intervención, en los que ha puesto la atención en que el 92,42 por ciento son de materia de contratación y, sobre todo, en el área de Igualdad por más de cuatro millones de euros". En el área de Recaudación, apunta a otros por más de tres millones.

Loaiza ha apuntado que la mayoría de las facturas a que hace referencia la Intervención son por un importe menor a 5.000 euros pero la propia interventora "alerta de que no se cuentan con datos suficientes que justifiquen que sean contratos menores o bien pagos fraccionados". Además, ha añadido que "incluso en el caso de ser contratos menores, estos deben tramitarse para catalogar como tal y no abonar como pagos directos".

Loaiza también ha incidido en que el gobierno de Irene García ha autorizado el abono de otros contratos mayores como el de ayuda a domicilio con un importe de 2,7 millones de euros "al margen de cualquier control".

El portavoz popular ha lamentado que el "pago arbitrario de facturas no es una circunstancia puntual", ya que en 2018 los órganos de control ya advirtieron de esta situación, "pero lejos de rectificar han seguido actuando con los mismos procedimientos fuera de lo legalmente establecido y lo peor de todo es que pretenden quitar importancia y dar imagen de normalidad ante lo ocurrido".

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