Por ahora no hay amenaza de desalojo, pero Diputación de Cádiz, por boca de su presidente, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), se ha puesto serio con el impago de diez años de renta por parte de la Junta de Andalucía a raíz del arrendamiento del edificio que ocupa actualmente la Audiencia Provincial de Cádiz en la capital gaditana.
Según la tasación de los técnicos de la institución provincial, a razón de unos 300.000 euros al año por el alquiler del Palacio de Justicia, junto a las Puertas de Tierra, la Junta adeuda a la Diputación por esta renta mensual más de 3 millones de euros desde que en 2012 pasara a instalarse en estas dependencias de titularidad provincial.
En el año 2008, ha recordado el presidente, Diputación y Junta acordaron una permuta de suelos que suponía que la primera cedía a la segunda 8.500 metros cuadrados de un solar en la calle Brunete para la Ciudad de Justicia, mientras que el Palacio de Justicia, hasta entonces propiedad de la Consejería de Justicia de la Junta, pasaba a engrosar el patrimonio inmobiliario de la Diputación.
Sin embargo, el tiempo ha pasado y la Ciudad de la Justicia, "comprometida con la provincia de Cádiz, hoy desgraciadamente, no es una realidad". "La realidad es que desde 2012 la Junta viene okupando, con k de kilo, un edificio que es propiedad de la Diputación y que los técnicos han tasado con un valor por encima de los 300.000 euros anuales de arrendamiento", ha incidido Ruiz Boix.
Con más de 4.000 metros, y por el lugar en el que está ubicado, ese arrendamiento es totalmente factible, por lo que a la vista de los diez años de impago, el presidente de Diputación ha asegurado que, en un encuentro pendiente con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto (PP), va a pedir que "devuelva esos 3,5 millones cuanto antes a la Diputación". Asimismo, ha avanzado, "tiene el compromiso de este presidente de trasladar ese importe a políticas activas de empleo para programas como el de primera oportunidad laboral para jóvenes".
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