El municipio de Bormujos ha protagonizado esta semana la ruptura de su pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento por parte del grupo municipal de Ciudadanos, que cesó en sus competencias. Una posible moción de censura para neutralizar al actual gobierno vendría posibilitada por la suma entre Ciudadanos, que fueron cesados por el alcalde, Francisco Molina, el 8 de marzo, y ya no forman parte del gobierno; el Partido Popular y Vox.
El Partido Popular ha venido denunciando supuestas irregularidades en este mandato. En tanto que Ciudadanos finalmente se ha sumado a esta postura de denuncia y ha abandonado el gobierno local. El ex primer teniente de alcalde, Manuel Romero, de Ciudadanos, había reprochado al alcalde su fecha de juicio por una presunta prevaricación administrativa, junto con su concejal de Obras, MariCarmen Garfia, por un asunto de irregularidad procedimental de la nave de obras municipal. Romero le exigía, en pro de la regeneración y transparencia, que diera un paso atrás.
En este contexto, el dirigente local de Ciudadanos, Romero Cárdenas, recientemente ha sido protagonista de una ocultación de incremento de bienes patrimoniales, sin haber rendido cuentas en el Ayuntamiento. El exdelegado de Urbanismo, así como la exdelegada de Desarrollo Local, Cira de la Cruz –ambos matrimonio— pasaron por alto lo que estipula, para los altos cargos, la Ley de Bases de Régimen Local, referente a la actualización de los bienes patrimoniales, y no notificaron en el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes, del Portal de Transparencia, la compra de un chalé en septiembre de 2021 por valor de 300.000 euros, cuya urbanización había recepcionado el exconcejal de Ciudadanos en junio del pasado año.
La Intervención municipal del ayuntamiento aljarafeño ha emitido un informe con reparos en las facturas a la legalidad, sobre el programa “Patrullas Informativas”, que impulsó Ciudadanos, por fraccionamiento del objeto del contrato, no permitido por el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y por un gasto de 42.926,69 euros sin procedimiento alguno de contratación, ilegalidad que recoge el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En tanto, Ciudadanos se alejaba de la alianza con PSOE esta semana, habiendo recibido la oferta de moción de censura por parte del PP en septiembre de 2020, tendiendo entre sus filas una condenada por la Justicia, Cira de la Cruz. El PP cuenta también con un concejal, Luis Paniagua, que tiene condena en firme por agresión a una excompañera de filas. La esfera nacional podría ser el caldo de cultivo para iniciar posibles mociones de censura o traspaso de concejales de Ciudadanos al PP o de Vox al PP si hiciera falta para acelerar mociones antes de que terminaran los mandatos municipales. La ley antitransfugirmo sería papel mojado ante un escenario así.
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