El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, manifestó el pasado viernes que a partir del 9 de mayo al decaer el estado de alarma las Comunidades Autónomas (CCAA) se quedan "huérfanas" a la hora de tomar decisiones que en un momento determinado pudieran ser necesarias para reducir la movilidad. Así, ha criticado la "precipitación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar la medida por "una cuestión electoralista de cara a ese 4 de mayo" de elecciones en Madrid.
En este contexto, ha manifestado que "lo razonable" hubiera sido que durante este año, desde que se inició la pandemia y "tal y como se le pidió al presidente del Gobierno en San Millán de la Cogolla en julio de 2020", se hubieran articulado medidas legislativa para que las CCAA pudieran tomar esas decisiones. "Si a partir del 9 de mayo hay un botellón en la calle, no podemos prohibirlo, y a lo mejor la situación sanitaria puede ser nivel 3 o nivel 4", ha indicado.
Sobre este particular, muchos han reaccionado criticando que el vicepresidente olvide que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido por ley en Andalucía, después de que entrara en vigor hace 14 años la llamada ley antibotellón. Desde aquel momento, solo los ayuntamientos podían autorizar esta práctica en espacios específicamente habilitados para ello, por lo que no de estar habilitados estos espacios el consumo de alcohol en la vía pública sigue prohibido en la comunidad, haya o no estado de alarma.
A pregunta de los periodistas, Marín también ha recordado que la libre circulación de ciudadanos es un derecho recogido en la Constitución y solamente el estado de alarma puede dar cobertura para que en un momento determinado las CCAA puedan tomar ese tipo de decisiones. Así, tras decaer el Estado de Alarma, las decisiones se pueden solicitar "a través de una situación de emergencia de salud pública se puede solicitar", que tendría que autorizar un juez.
Por tanto, según ha señalado Marín, "no es suficiente la Comisión Interterritorial, no es la comunidad autónoma la que toma esa decisión, es la justicia por una cuestión de Salud Pública, que tiene que ir informada por la Consejería de Salud". En este sentido, ha explicado a modo de ejemplo que el consejero de Salud asumirá toda las funciones y competencias a partir del 9 de mayo y "si una Delegación Provincial informa que se recomienda alguna medida restrictiva de movilidad, el consejero va a depender siempre de que un juez avale o no esa decisión".
Para Marín, la decisión de Sánchez de anunciar con "tanta precipitación" que no va a haber prórroga del estado de alarma "se podía haber evitado, no hay necesidad ninguna salvo una cuestión electoralista de cara a ese 4 de mayo". Así, ha incidido en que "se podía haber esperado porque el procedimiento ordinario sería que el 9 de mayo el Gobierno puede decretar una ampliación y posteriormente, 15 días después, convocar el Congreso para ratificarla".
No obstante, ha incidido en que "todo esto se podría haber evitado fácilmente, con una reforma legislativa". "Confiemos en que no sea necesario aplicar el Estado de Alarma a partir del 9 de mayo, pero no había necesidad ninguna de decirlo 30 días antes", ha concluido.
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