El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado un contundente documento de alegaciones contra el anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Medios de Comunicación, aprobado en julio por el Consejo de Ministros. La organización profesional advierte que, de seguir adelante en su redacción actual, la norma supondría una mayor indefensión para los periodistas en lugar de garantizar su labor.
El colegio señala dos grandes lagunas en el texto. En primer lugar, el término “periodista” ni siquiera aparece mencionado en el título ni en los artículos, lo que genera inseguridad jurídica sobre quiénes son los titulares de este derecho. En segundo lugar, denuncia que el borrador ignora por completo las leyes autonómicas que regulan la profesión, como la que dio origen al propio Colegio andaluz, que reconoce a estas corporaciones como garantes de la vigilancia y el respeto al secreto profesional.
El CPPA propone que el derecho ampare expresamente a quienes cuentan con titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual y ejercen su labor en medios periodísticos. Para quienes desarrollan la profesión sin estudios específicos, plantean una disposición transitoria que respete su trayectoria, pero advierten que una ley orgánica no puede avalar el intrusismo ni la ausencia de formación.
La institución también reclama una definición precisa de “medio de comunicación”, subrayando que no todos los soportes existentes deben quedar bajo el paraguas de esta norma. En este sentido, defiende el modelo del Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA) como referente objetivo y propone su extensión a nivel nacional, gestionado por colegios profesionales.
"Abre las puertas a intereses ajenos"
El movimiento del CPPA cuenta con un respaldo amplio. Facultades públicas de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada, así como la Universidad Complutense de Madrid, han mostrado su adhesión. También la ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación) respalda las alegaciones, defendiendo la necesidad de blindar la calidad informativa y evitar el intrusismo.
“El anteproyecto, tal y como está, pone en riesgo la libertad de prensa y abre la puerta a intereses ajenos a la profesión”, advirtió el Colegio andaluz, que insiste en que la supervisión y las garantías deben estar en manos de entidades profesionales públicas e independientes, como los colegios y el futuro Consejo General de Colegios de Periodistas.