El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha celebrado este miércoles una comparecencia en la que la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz han trasladado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y a la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, los hechos concretos por los que les acusan en la causa correspondiente a pagos en distintos locales de alterne de Andalucía con tarjetas bancarias de la entidad.
Esta comparecencia se encuadra en la tramitación de la causa por el procedimiento del tribunal del jurado, pues en junio de 2019 dicha instancia judicial decidió canalizar la causa por dicha vía, mediante un auto en el que exponía que Fernando José Villén Rueda, "prevaliéndose de su cargo como director" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su propia finalidad (...) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación".
Según el mencionado auto, recogido por Europa Press, Fernando José Villén "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe". Además, en connivencia con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, también investigada en la causa, ideó "un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados".
"Para aparentar las devoluciones, los acusados simulaban devoluciones de anticipos, dietas, gastos, viajes y otros inexistentes", indicaba el auto, detallando "diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización" por el investigado de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe.
El auto agregaba además que "no consta la devolución contable" de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos por importe de 780 euros, "de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe", mientras que los gastos realizados en otro local de alterne de Sevilla los días 22 y 23 de marzo de 2010 por importe de 14.737 euros "no figuran contabilizados".
En líneas generales, y según han informado fuentes del caso después de la mencionada comparecencia, la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz se han ceñido al relato del mencionado auto a la hora de exponer a los dos encausados los hechos que cada una de estas partes les atribuye. Las partes ha solicitado además la práctica de nuevas diligencias, solicitando por ejemplo la Fiscalía la transcripción de las comparecencias plasmadas en imágenes de vídeo.
Llamada al exconsejero Antonio Fernández
El PP andaluz, de su lado, ha solicitado que testifique el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años, once meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, por la causa correspondiente al denominado como procedimiento específico mediante el cual eran financiados con fondos autonómicos los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y arbitrarias a empresas.
En concreto, la representación del PP señala los pagos realizados con tarjetas de la Faffe los días 22 y 23 de marzo de 2010 en un prostíbulo de Sevilla, al coincidir con la fecha del cese de Antonio Fernández como responsable de la Consejería de Empleo, a la que estaba adscrita la Faffe, considerando que tales gastos podrían estar encuadrados en una "despedida" de Fernández y las personas de su confianza. Por ello, los populares piden aclarar si el exconsejero compartió o no aquella noche con Fernando José Villén.
Piden el archivo del caso Faffe
La defensa de Fernando José Villén, de su lado, ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones insistiendo en la idea de que aunque los pagos realizados con las citadas tarjetas eran en efecto irregulares, el exdirector de la Faffe repuso de su propio dinero los fondos relacionados con los gastos en los locales de alterne. En ese sentido, la defensa de Villén ha asegurado que en las actuaciones no hay "la menor prueba" de que las devoluciones fuesen realizadas con fondos de la Faffe, con lo que descarta que medie un delito de malversación de caudales públicos y, por ende, tampoco de falsedad.
No obstante, en el caso de ser aceptada la concurrencia de un delito de malversación de caudales públicos, según la defensa, lo sería en la forma del artículo 433 del Código Penal, según el cual los hechos ya habrían prescrito.
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