Caso facturas falsas en UGT en Andalucía: ¿La "puntilla" para Susana Díaz?

El marido de la ex presidenta de la Junta cobró de dos subvenciones que el juez considera que el sindicato desvió

Susana Díaz, en un acto reciente. FOTO: PSOE-A
Susana Díaz, en un acto reciente. FOTO: PSOE-A

El vicesecretario general del PP-A y diputado autonómico, Toni Martín, ha manifestado este jueves que el denominado caso de las facturas falsas de UGT-A es "la puntilla" para la carrera política de la expresidenta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, porque "hay dinero público destinado a los parados andaluces usado fraudulentamente y que acaba formando parte de su economía familiar". "Lo único que le queda es coger la puerta y abandonar el Parlamento", ha remachado.

Así se ha pronunciado Martín, en rueda de prensa, una vez que se ha conocido el auto del juez de Instrucción número 9 de Sevilla por el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas de UGT-A contra el ex secretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Para el 'popular', este caso "pone en evidencia otra vez que el dinero de los parados andaluces fue el cajero automático del socialismo andaluz durante muchos años", al tiempo que ha recalcado que UGT "es el sindicato hermano del PSOE-A y hasta hace 20 años era obligatoria la militancia en el mismo si se afiliaba uno al Partido Socialista".

Además, sostiene que el caso que se investiga "supone el mismo 'modus operandi' que en los ERE y en la Faffe, dinero público que es de los parados andaluces usado fraudulentamente y que termina quedándose en el entorno del PSOE-A, cuando no beneficiando directamente al partido", si bien subraya que en este caso "se ve afectada personalmente Susana Díaz".

El parlamentario del PP-A ha incidido en que "por primera vez lo que se investiga, entre otras cosas, es la posible financiación del PSOE-A a través de falsos alquileres de sedes que se pagaban con el dinero de los parados andaluces", y ha recordado que ésa fue una de las cuestiones que el PP-A intentó dilucidar en la comisión de investigación sobre los cursos de formación que se celebró en el Parlamento de Andalucía la pasada legislatura.

"Alguien en el PSOE-A debería contestar si ésta era un práctica común y cuántas sedes del partido a lo largo y ancho de Andalucía se pagaban con el dinero de la formación o con otros fondos públicos, con dinero de todos los andaluces y saltándose cualquier norma legal de financiación de partidos políticos", ha agregado Martín, que ha asegurado que esta forma de proceder de los socialistas "era 'vox populi' en muchas localidades andaluzas".

Tras garantizar que el PP-A va a seguir pidiendo información "por todas las vías posibles", Martín ha hecho hincapié en que este caso, además, toma una especial relevancia porque "hay dinero público destinado a los parados andaluces usado fraudulentamente y que acaba formando parte de la economía familiar de Susana Díaz". Se refiere al pago de nóminas del esposo de la expresidenta, José María Moriche, "con cargo a dos de las 14 subvenciones en las que se han detectado irregularidades por importe de 11 millones". "Su sueldo, que suma un total de 200.000 euros brutos, se endosó hasta a 102 cursos distintos", añade.

Además, el dirigente del PP-A ha señalado que "dos cuñados de Susana Díaz también fueron trabajadores del ente de UGT encargado de impartir la formación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), y que una cuñada aparece junto al marido de la expresidenta en el expediente señalado por el juez en su auto". "¿No sabía Susana Díaz nada de eso?, ¿tampoco que aunque su marido era auxiliar administrativo se le hizo pasar por docente?", ha preguntado. Con todo, Martín ha recordado que el PP-A ya preguntó en la comisión de investigación si la "implicación familiar" de Susana Díaz tuvo que ver con su decisión de paralizar todos los cursos de formación en Andalucía durante más de seis años.

"La sentencia de los ERE y ahora el 'caso Moriche' son la puntilla para la carrera política de Susana Díaz y el testamento para el régimen socialista andaluz, que hizo de la corrupción una manera de hacer política. Lo único que le queda es coger la puerta y abandonar el Parlamento", ha insistido. Entretanto, ha recordado Martín que, "al igual que ha ocurrido con el caso ERE o con la Faffe, los pasos que va dando la Justicia respaldan las denuncias que en su día hizo públicas el PP, que se personó en la más absoluta soledad en más de 150 causas judiciales".

"La única sede que se ha financiado con dinero negro es la del PP con la Gürtel"

El PSOE-A ha exigido este pasado jueves al PP-A que "deje de mentir de una vez" dado que, según ha asegurado, "no existe denuncia alguna sobre las sede del PSOE-A" mientras que "de la única sede que tenemos constancia de que se ha financiado con dinero negro es la del PP en Génova a través de la trama Gürtel".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el parlamentario autonómico por Almería y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, después de que el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, haya manifestado, tras conocer el auto del juez que instruye el conocido como caso de las facturas falsas de UGT-A, que "por primera vez se investiga la posible financiación del PSOE-A" y que en este caso se "ve afectada personalmente" la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

"El PP-A tiene que dejar de mentir de una vez", ha insistido Sánchez Haro, que ha abundado en que precisamente Toni Martín "no es ejemplo de nada" pues, según ha relatado, "ha estado yendo durante cinco años a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sin trabajar, cobrando casi 300.000 euros, y no es ejemplo de absolutamente nada".

Por su parte, el sindicato UGT Andalucía y su actual Comisión Ejecutiva ha querido solicitar este jueves el "debido respeto a la presunción de inocencia" de los investigados en el caso de las 'facturas falsas' que "han tenido o tienen relación con el sindicato", y ha denunciado una "situación total de indefensión" de la que culpa a la Administración pública andaluza, y que "se ha visto agravada con la entrada este año del nuevo Gobierno" de PP-A y Ciudadanos (Cs).

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