El nuevo Plan de Eficacia, Eficiencia y Racionalización 2021 es un documento que obliga a la cadena pública a sobrevivir con un 10% menos de presupuesto, que se une al recorte previo de un canal, el de Andalucia TV, por acuerdo entre el Gobierno andaluz y Vox para el Presupuesto. El Consejo de Gobierno aprobó el texto de 21 páginas al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, y que provoca un tijeretazo en plena caída de RTVA, que lleva años sufriendo jubilaciones no ocupadas por nuevos empleados.
El primer punto del plan consiste en la creación de un comité de seguimiento de los citados recortes, con reuniones e informes trimestrales. En cada una de esas reuniones se actualizarán los recortes con medidas concretadas, con un calendario por el que la Dirección General se obliga a imponer nuevos recortes. Además, en cuanto a la comercialización, el plan exige que se realicen nuevos estudios para las franjas horarias, tratando de sacar un mayor partido comercial, todo ello aún cuando buena parte de la venta de publicidad de Canal Sur está en manos de agencias. En paralelo, promueve también una renovación de la parrilla para elaborar una estrategia que adapte los contenidos a los consumidores, todo con ese fin último de sacar mayor beneficio de la tarta de la publicidad.
Además, el documento abre nuevas líneas de explotación, como es la prestación de servicios de streaming, como un Netflix de la RTVA; la venta de derechos -royalties-, que puede ser, por ejemplo, por haber grabado conciertos, o incluso venta de series o películas realizadas por Canal Sur.
A ello se suma otro plan del director general, Juande Mellado, de emitir en Latinoamérica, con la contratación de un servicio de difusión por vía satélite para el continente, especialmente en zonas hispanas. En esa renovación de difusión entraría también la creación de aplicaciones para mejorar la visualización de contenidos, lo que iría de la mano de ese Netflix andaluz. Además, se prepara la adaptación para emitir exclusivamente en HD (alta definición) desde el 1 de enero de 2023.
Otro de los puntos del plan es el análisis de marca desde el punto de vista del marketing. Así, el documento aprobado por la Junta indica que se realice un estudio "solvente" de su posición en el mercado, sin cerrar la posibilidad del cambio de denominación, aunque llamando a cierta cautela al pedir igualmente que se valore el impacto económico y pérdida de reconocimiento de una marca que lleva más de 30 años funcionado, y que solo ha sufrido un cambio de logotipo desde entonces, la del sol amarillo a la C soleada y verde.
La disyuntiva en el capitulo de personal
El documento reconoce en un extenso punto que existe una falta de profesionales por la no reposición de los puestos de trabajo, y que afecta a la función encomendada en el Estatuto de Autonomía de la propia existencia de Canal Sur. "Esta ampliación de servicios pero con el mismo personal, incluso reducido paulatinamente, supone la constatación de un genuino ejercicio de eficacia y eficiencia así como de racionalización del uso de recursos, y que ha de ser justamente puesto en valor".
Especialmente, y a pesar de las jornadas de formación digital, el documento oficial pone al descubierto la necesidad de refuerzo de la tercera pata de la RTVA, lo digital, junto a la televisión y la radio. Y va a más: pide que se refuercen las áreas que quedan mermadas por la reubicación de personal en Canal Sur Media procedentes de TV y radio.
Y con todo ello, no queda explicado el cómo. Propone contratos de relevo, es decir, cubrir plazas parcialmente en paralelo a salidas por prejubilaciones. Pero todo queda en proyectos, medidas de movilidad entrre provincias y más formación, sin que se haya diseñado un proceso de contratación en una plantilla cada vez más longeva. Lo que sí propone el texto es la incorporación del personal de la Fundación Audiovisual Pública Andaluza, una entidad que no es de gran tamaño y que fue propuesta para que se liquide en el acuerdo presupuestario con Vox.
En paralelo, la ya conocida reducción de un 10% de contratación de programas a externos, es decir, a productoras que realizan programas estrella. Se hará para que, además, el 75% de las emisión anual sea de producción propia no contratada, y que hasta mediados de febrero, según el informe, es del 80%.
Ambas necesidades de recortar en productoras y mantener el ritmo al 75% de producción se quiere solventar con nuevos turnos de trabajo en la plantilla -sin cambiar el convenio colectivo-, inventariar el material alquilado para la producción propia, compra de estos productos para no necesitar aumentar esos alquileres, y lo más importante: alargar los programas ya existentes de producción propia.
Es decir, podría partirse del ejemplo del informativo, para que cubra más horas de la parrilla o se reponga en más horarios, como de madrugada, algo que no es para nada desconocido en la RTVA. Además, fomento de los programas especiales, emisiones en directo de eventos o actos. Otro de los aspectos, renegociar a la baja contratos en vigor, lo que requeriría en todo caso la aceptación de las productoras en funcionamiento
A todo esto se une una bajada de costes desde 2008, inicio de la anterior crisis económica, en paralelo a la bajada de ingresos en publicidad. La compra de programas ha pasado de 95,6 millones a 37,3 millones, lo que lleva obligando desde hace años a estirar el esfuerzo de la plantilla, cada vez con menos efectivos. El recorte de 2021 está previsto en un 16,2% respecto a 2020. El presupuesto total de 2021 está cifrado actualmente en 91,19 millones de euros, sin que esté previsto en este momento una inyección económica como la de 2020.
Lo que también adelanta el documento es que es difícil recortar más en gastos de explotación por "la obligación de cumplimiento de la normativa vigente en relación a los salarios mínimos profesionales". Es decir, no se podrá recortar a la baja si una licitación implicara salarios a los trabajadores que necesitase por debajo de esa cifra, que no es la del salario mínimo interprofesional sino los de convenios para periodistas, operadores, administrativos y equipos de limpieza, por poner algunos ejemplos.
Y todo se pone en virtud de que la situación económica general mejore. De no ser así, los ingresos publicitarios no mejorarán y esos 14,26 millones de euros previstos no se podrían cumplir. Además, se parte de la base de que se puedan ver resultados de las nuevas líneas de ingresos a corto plazo, algo que parece difícil en vista de que el Plan de Eficacia se presenta ya prácticamente en abril, con un tercio del 2021 ya pasado.
En resumen, el actual Gobierno andaluz ha puesto el futuro de Canal Sur en manos de la cadena, exigiéndole renovarse, obtener más ingresos con menos producción contratada, en un contexto de incertidumbre de pandemia y sin un plan claro de reposición de las bajas que se irán produciendo con motivo de jubilaciones, que llegan en cascada año tras año. La digitalización pasa por ser la clave. Y no cierra ni de lejos dos posibilidades reales: que se opte por una cadena más reducida en el futuro -menos profesionales, menos exigencias de audiencia para optar por la forma más básica de entender servicio público en el mandato del Estatuto-, y que Canal Sur finalmente cambie de nombre, algo que exigió Vox como plan B si no conseguía cerrarla como prometió en campaña. Si el Canal Sur que viene se parece al actual solo lo dirá el tiempo.
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