Han pasado ya más de seis meses desde que se aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley de Eutanasia. La ley, que entró en vigor el pasado 25 de junio, dejaba en manos de las comunidades autónomas la creación de un Comisión de Garantía y Evaluación, órgano encargado de resolver las reclamaciones. Hace unos días el diario El País publicaba que Andalucía y la Comunidad de Madrid iban con retraso en el desarrollo de la ley y, por lo tanto, su aplicación no era aún efectiva en estos territorios.
Ambas comunidades aprobaron la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación, casi cuatro meses más tarde del plazo límite que señalaba la ley estatal. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, Javier Serrano, enfermo de ELA, se ha podido acoger esta semana al derecho de una muerte digna. Ahora mismo, sólo queda Andalucía para que en España la eutanasia sea aplicable en todo el territorio.
En Andalucía, el decreto encargado de desarrollar esta ley se aprobó por parte del Consejo de Gobierno el pasado 19 de octubre. Desde ese momento, la Junta de Andalucía cuenta con 15 días hábiles para constituir la Comisión de Garantía y Evaluación mencionada anteriormente, un plazo que finaliza el próximo miércoles 10 de noviembre. Desde lavozdelsur.es nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Salud y Familias, responsable desde el proceso, y, desde el departamento que dirige Jesús Aguirre, aseguran que la Comisión “está terminando de conformarse”, por lo que esta semana deberán acabar los trámites para que el derecho a una muerte digna sea real en Andalucía.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) expresan que, al menos, hay 10 personas en Andalucía que les han consultado para pedir asesoramiento, aunque “es posible que haya más”, ninguna de ellas ha recibido una respuesta de la Administración sobre las cuestiones relacionadas con el proceso. De hecho, alguno de los afectados ya se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo para tramitar una queja respecto al incumplimiento. Por su parte, la consejería de Salud defiende estar “dentro del plazo establecido” y se asegura que en Andalucía “se cumpla la ley”.
La presidenta de Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, Isabel Torres, afirma, en declaraciones a lavozdelsur.es, que “no sabemos nada” sobre cuándo será efectiva la ley. Desde la Junta señalan que “los trámites de peticiones siguen su curso y todas serán atendidas en tiempo y forma”. Torres, nos confirma que, efectivamente se pueden presentar las solicitudes en el médico de familia de cada paciente. Sin embargo, “los profesionales no saben qué hacer porque ni los han formado ni los han informado sobre cómo tienen que seguir con el proceso”, denuncia la presidenta de DMD.
Una de las principales preocupaciones de la Junta era la de establecer con garantías un registro de objetores de conciencia. Isabel Torres explica que hay afectados que han presentado la solicitud a médicos “que no están de acuerdo”, pero una vez aquí, acaba el proceso porque no se da ningún otro paso, “el médico que no esté de acuerdo debe ponerse en contacto con otro que sí. Es absurdo no respetar la voluntad de cada uno”, manifiesta Torres.
Las últimas explicaciones que recibió la asociación fueron “que estaban en proceso de elaboración porque quieren que sea garantista”, algo que Jesús Aguirre, consejero de Salud, también ha expresado en público. El propio Aguirre expresó en 2019 que la aprobación de esta ley supondría “un fracaso” de los cuidados paliativos”.
Lo cierto es que el Partido Popular – responsable de cinco gobiernos autonómicos y Ceuta – interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha sido admitido a trámite. Para DMD esto es uno de los motivos por los que en Andalucía ha faltado la celeridad que sí han tenido otras comunidades, “si Andalucía está gobernada por un partido contrario a la ley de eutanasia es lógico pensar que están obstruyendo”. Han pasado más de tres meses desde que en el País Vasco, Eskarne, mujer de 86 años, se pudo acoger a la ley.
Derecho a Morir Dignamente también critica que se esté haciendo “algo que no ocurre en otras comunidades”. Isabel Torres se refiere a la ratificación del testamento vital que está solicitando la Junta para que los enfermos puedan solicitar la eutanasia. Según Torres, para el Gobierno andaluz “ahora no vale esa voluntad”, aunque en el decreto aprobado no aparece ninguna referencia. Para algunos pacientes esto supone un auténtico problema porque a pesar de haber manifestado en su momento la Voluntad Vital Anticipada, “ahora no pueden expresarlo”. Esta garantía está regulada en Andalucía desde el año 2003, posteriormente, en 2010, se complementó con la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
La Comisión de Garantía y Evaluación, cuyos integrantes se deben conocer esta semana, tendrá por objeto resolver en 20 días “las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir”, estará formada por trece personas: la presidencia y vicepresidencia por profesionales con formación y experiencia específica en bioética, cuatro vocales titulados en Medicina, cuatro titulados en Derecho y tres titulados en enfermería.
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