Acusan al Gobierno de Moreno de haber colocado ya en la Junta "a 4.000 personas por la puerta de atrás"

PSOE y Adelante cargan contra Bendodo por los sucesivos reveses judiciales de sus enchufes exprés y la inclusión de los beneficiarios en la bolsa de la Administración autonómica

Acusan al Gobierno de Moreno de haber colocado ya en la Junta "a 4.000 personas por la puerta de atrás". En la imagen, varios vigilantes de playa el pasado verano. MANU GARCÍA
Acusan al Gobierno de Moreno de haber colocado ya en la Junta "a 4.000 personas por la puerta de atrás". En la imagen, varios vigilantes de playa el pasado verano. MANU GARCÍA

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha insistido este jueves en el Parlamento en defender la "legalidad" de las contrataciones que la Junta ha llevado a cabo para hacer frente a las necesidades de personal surgidas en plena pandemia del coronavirus, mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía le han exigido que se depuren "responsabilidades políticas" tras pronunciamientos judiciales que han cuestionado este llamativo proceso de contratación.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, ha explicado que el procedimiento al que se ha recurrido para llevar a cabo las contrataciones, en primer lugar, conlleva la selección de las personas que están en bolsas vigentes de la Junta de Andalucía, de cada Cuerpo, incluyendo el cupo de discapacidad establecido. Un extremo que negaron en todo momento los sindicatos y, más aun en el caso de los cupos de discapacidad, fue incluso cuestionado por asociaciones de personas con discapacidad.

Bendodo, ha continuado, ha insistito en que "sólo en el caso de no disponer de candidatos, se hizo un anuncio público y en libre concurrencia en la página web del Empleado Público, con un máximo de 24 horas de periodo de admisión de solicitudes". Además, previamente se informaba a los sindicatos de esta publicación, según ha indicado Bendodo, quien ha recordado los decretos-ley de la Junta que justificaban estas contrataciones de urgencia.

Ha indicado que algunos sindicatos y otros colectivos han llevado este asunto a los tribunales, solicitando la suspensión de las convocatorias, "si bien la inmensa mayoría de los pronunciamientos judiciales han dado la razón a la Junta rechazando la aplicación de medidas cautelares". De hecho, según ha apuntado, sólo un pronunciamiento acordó la suspensión cautelar, en la convocatoria del Cuerpo de Administrativos, por Auto de 26 de noviembre de 2020, del TSJA, mientras que los contratos han finalizado el 31 de diciembre, tal y como estaba previsto.

Ha insistido Bendodo en que casi todos los autos judiciales dictados han dado la razón a la Junta, si bien hay tres casos en los que las sentencias han sido desfavorables, la última, derivada de un recurso interpuesto por el Grupo Socialista en el que se ha anulado la convocatoria de la selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola. Ha añadido que este pasado miércoles se tuvo conocimiento de tres nuevas sentencias dictadas que anularían las convocatorias de Administradores de Gestión Financiera, Ingenieros Industriales y Técnicos de Grado Medio de Pesca.

En cualquier caso, según ha expuesto el consejero, antes de estos pronunciamientos judiciales, la Junta ya estaba trabajando en cambiar el proceso. Según ha explicado, de nuevo y como siempre, en el nuevo modelo se recurre a las bolsas de empleo vigentes, pero además se ha creado un nuevo colectivo en las bolsas, el conocido como colectivo 5, en el que se integran las personas que en los procesos selectivos de acceso a la condición de personal funcionario de la Junta de Andalucía han superado el primero o el único ejercicio de la oposición, todo ello con el objetivo de nutrir con más aspirantes las bolsas.

Una vez que estas se agotan, se acude al Servicio Andaluz de Empleo como órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía. El SAE procederá a la difusión de la correspondiente oferta durante un periodo máximo de dos días, durante el cual se podrán inscribir aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en la misma, y que tras el periodo de difusión, con la mayor celeridad posible, el SAE enviará la relación de personas candidatas solicitadas disponibles e idóneas.

Bendodo ha destacado que, "en aras de la transparencia que caracteriza a este Gobierno, se ha acordado que las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía y en la Comisión del VI Convenio Colectivo deberán ser convocadas por el centro directivo correspondiente para participar con voz y sin voto en la baremación de las candidaturas remitidas por el SAE, pudiendo designar una persona en representación de cada una de aquellas". La selección se llevará a cabo con la aplicación de un baremo de méritos, en el que se valora la experiencia en el Cuerpo de que se trate y la antigüedad en las Administraciones Públicas.

Ha insistido en que antes de conocer esas resoluciones judiciales, la Junta, habiendo cambiado las circunstancias, ya procedía a "la modificación del procedimiento de selección de emergencia, precisamente en la línea en la que dichas resoluciones judiciales se han pronunciado con posterioridad, reforzando el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad". Sin embargo, la realidad es que no fue hasta la primera sentencia desfavorable del TSJA cuando el propio Bendodo anunció que cambiaría el procedimiento.

"Por la puerta de atrás"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha señalado que una cosa es la urgencia para contratar personal sanitario y otra es "meter por la puerta de atrás a más de 4,000 personas" en la administración pública. Ha señalado que el PSOE-A ya advirtió "por activa y por pasiva que el procedimiento que se estaba utilizando no era el adecuado" y el consejero era plenamente "consciente de ello" y su respuesta siempre ha sido el "choteo". Ha indicado que ya sí que hay una sentencia donde se da la "razón" al PSOE-A y que es muy clara al señalar que no es procedimiento adecuado "el orden de llegada de solicitudes", de manera que ha pedido al consejero que actúe y se asuman "responsabilidades".

El diputado de Vox Benito Morillo ha indicado que en la contratación pública, la igualdad, la capacidad, la publicidad y el mérito tienen que estar "por encima de cualquier cosa".

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha denunciado que la Junta ha hecho contrataciones que "no se ajustaban a derecho" y con nombramientos "ilegales", algo que ya han constatado "los jueces". Ha indicado que no se pueden llevar a cabo procesos de contratación en 24 horas con el único criterio de mandar un correo electrónico y sin tener en cuenta los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Ha pedido al consejero que aclare si se van a "depurar responsabilidades políticas".

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