Cuando el PP convocó elecciones en Extremadura para el domingo 21 de diciembre –una fecha que, por su cercanía, ha acabado englobándose en el rally electoral autonómico de comienzos de 2026 con Aragón, Castilla y León (CyL) y, hasta cierto punto, Andalucía– poco o nada hacía pensar que los populares daban comienzo a su particular quinario en su relación con Vox. El partido de extrema derecha se resiste a ser una simple muletilla del PP y lo ha dejado claro por la vía de los hechos: desde las elecciones hasta el anuncio de fumata blanca para formar gobierno en Extremadura han pasado casi cuatro meses, con una sucesión de encuentros y desencuentros tanto con la candidata, María Guardiola, como con Génova, hasta que se ha sustanciado un acuerdo de gobierno que da a Vox una vicepresidencia y dos consejerías.
Con todo, ese no es el problema del acuerdo de ambas formaciones para Extremadura. El principal tema es que hay algunos aspectos de muy cuestionable encaje legal ya que se contempla la adopción de una serie de medidas sociales que no son competencia de la comunidad autónoma, son estatales. Mientras que la popular Guardiola ha estado más tibia al respecto y, de facto, en el documento firmado se habla solo de "arraigo verificable", el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que desde la entrada en vigor del pacto, "en Extremadura va a haber prioridad para los españoles en el acceso a las ayudas públicas".
De hecho, la idea de Vox es llevar este principio a los pactos autonómicos que tiene en Aragón y CyL –para ser más exactos, el que ha salido a relucir expresamente es el de CyL– con independencia de las dudas legales que genera. Si "arraigo verificable" es una expresión relativamente ambigua, no lo es lo que dice la ley, que habla de igualdad de derechos en lo que se refiere al acceso a prestaciones.
Curiosamente, una de las primeras voces que ha alertado de los problemas de legalidad que puede tener la "prioridad nacional" del acuerdo ha sido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente del PP ha sido contundente al dejar claro que "no se puede dejar al margen a quien contribuye" e incluso afirmar que "creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes dejar ilegalmente a nadie fuera de requisitos para los que tienen derechos".
Si Díaz Ayuso, que habitualmente se ubica –o es ubicada– en el ala del PP más próxima a Vox, ha mostrado abiertamente sus reticencias al pacto extremeño, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado más tibio en la valoración del acuerdo (es cierto que declaró que aún no se lo había leído). Para Moreno, "cuando hay un ejecutivo de coalición se tiene que ceder, unos por un lado, otros por el otro", aunque en realidad estas palabras hay que interpretarlas como 'palanca' propia para las elecciones del próximo 17 de mayo. Desde su punto de vista, a tenor de lo ocurrido en Extremadura y lo que cabe prever en Aragón y CyL, es decir, acuerdos del PP con Vox, el 17 de mayo los electores pueden optar por lo que él denomina la 'vía andaluza', que no es otra cosa que el electorado le facilite una nueva mayoría absoluta para gobernar sin necesidad de tener que acudir a pactos.
El PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han expresado duras críticas al acuerdo alcanzado en Extremadura. En el caso de los socialistas, se ha incidido en que el acuerdo no ahonda en los problemas reales de los extremeños, que se trata de un acuerdo de "reparto de poder en la sombra" y un "fracaso" de Guardiola. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que el acuerdo no responde a las necesidades de los extremeños y que traerá mucho sufrimientos.