El grupo parlamentario de Vox ha pedido al Gobierno andaluz el "cese inmediato" en el pago de cesantías a ex altos cargos del anterior Ejecutivo del PSOE en la Junta ya que constituyen "prebendas pagadas por todos los andaluces". La diputada de Vox Ana Gil Román ha presentado una pregunta al Ejecutivo en el Parlamento andaluz en la que pone de manifiesto que 151.000 euros mensuales "saldrán de las arcas públicas andaluzas en concepto de pago a ex altos cargos de la Junta de Andalucía, todos de la etapa del Gobierno anterior", fruto de la implantación en el año 2005, en la VII legislatura, de las cesantías en Andalucía, dentro "de un lote legislativo que se denominó de impulso democrático".
Desde entonces, según Vox, todos los cargos con rango de director general o superior de la Junta o de su administración paralela, como también los 109 parlamentarios, están "blindados a la salida del despacho oficial o del escaño". Según Vox, las cantidades mensuales que están ingresando 29 exaltos cargos rondan los 5.000 euros: 4.755,67 euros el que menos cobra y 5.682,18 euros el que más. Entre ellos, según recoge, se encuentran tres exviceconsejeros: el de Presidencia, con seis meses reconocidos a 5.268 euros cada uno; la de Educación, con diez meses de cesantías con un total de 56.821,08 euros, y la de Justicia e Interior, un total de 50.109,21 euros.
Añade que los pagos se extienden también a otros ex altos cargos, por un total de 188.315 euros. Para Vox, "muy llamativos son los llamados pensionazos, siendo la gran beneficiada de estas cesantías la ex consejera de Educación, a la que se le reconoció otros dos años por un total de 123.424 euros, los cuales ya ha terminado de cobrar". En su opinión, quizás "los más polémicos fueron los pensionazos de un ex vicepresidente de la Junta y un exconsejero, ambos de nuestra sedicente desinteresada izquierda, de 100.000 euros cada uno".
Para Vox, las cesantías no cesan y, en consecuencia, "todos estos altos cargos siguen percibiendo puntualmente sus impulsos democráticos". "El rubor de este despropósito solo invita a interesar el cese inmediato de esos pagos a exaltos cargos, que por abandonar la actividad política activa parlamentaria siguen recibiendo del erario público las prebendas pagadas por todos los andaluces". En este sentido, pregunta al Gobierno si tiene previsto "terminar con estas prácticas y fomentar la vuelta simple de estos altos cargos, a su conclusión, a su actividad laboral anterior a la pública".
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