La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) traslada su apoyo y pide la absolución para los tres extrabajadores y al antiguo interno del centro de reforma juvenil Tierras de Oria de Almería, que serán juzgados en la Sala de lo Penal número 2 de la ciudad, por la difusión de imágenes y posterior denuncia de los tratos inhumanos y degradantes que se llevan a cabo en el centro, en el que el pasado 1 de julio murió el joven Ilias Tahiri.
Las imágenes de los malos tratos que fueron facilitadas por los trabajadores fueron publicadas en 2015, y muestran la práctica de lo que se denomina una “contención mecánica”, en las que se ve a chicos atados de pies y manos a una cama, con un alto grado de sufrimiento y pidiendo auxilio. Desde la Apdha consideran que “las conductas mostradas en los vídeos constituyen tratos inhumanos y degradantes hacia niños”, coincidiendo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Bures contra República Checa.
Además, añaden, “la denuncia sobre tratos inhumanos y degradantes no puede ser criminalizada pues corremos el riesgo de cerrar los ojos como sociedad y no saber qué ocurre con los menores en estos centros de gestión privada”. La organización critica que “es una vergüenza que la denuncia efectuada por los cuatro procesados contra el centro y las contenciones mecánicas fuera archivada y que las personas que denunciaron estén siendo procesadas”.
Apdha recuerda que “en 2011 murió otro joven de 18 años, Ramón Barrios, en el transcurso de una “contención mecánica” como la mostrada en las imágenes, mientras estaba interno en el centro Teresa de Calcuta de Madrid, ambos centros gestionados por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso)”. Sin embargo, las contenciones mecánicas continúan siendo una práctica en las instalaciones de la entidad sin que nadie asumiera responsabilidades por su muerte, explica.
Por otra parte, en relación con el caso que se enjuicia esta semana, desde Apdha señalan que “la publicación de las imágenes también provocó que la opinión pública se interesase y que instancias como el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitaran el centro en 2017”. El CPT emitió un informe en el que se describían conductas que considera preocupantes, como el hecho de que “a los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño –pese a pedirlo- y en algunos casos se habían orinado encima”; o que “algunos menores alegaron que habían sido inmovilizados, pese a no haber estado agitados en ningún momento, y habían percibido la inmovilización como un castigo por su mala conducta”, incluso que “la inmovilización había sido utilizada repetidas veces en menores que sufrían dificultades respiratorias visibles”.
En consecuencia, el CPT solicitó que se pusiera fin a la práctica de las contenciones por considerarla una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH), “es decir, un caso de tratos inhumanos o degradantes” remarcan desde la organización andaluza. Por último, la asociación recuerda que la muerte de Ilias Tahiri pudo evitarse “tal y como puso en evidencia la denuncia de los trabajadores que ahora van a ser enjuiciados” y observa con gran preocupación la indefensión que causa la coincidencia en el archivo de la causa abierta por la muerte de Ilias Tahiri y la criminalización de la denuncia efectuada por los ex trabajadores del centro.
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