El 7 de agosto de 2012, un grupo de miembros y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró en un establecimiento de Mercadona de la localidad sevillana de Écija, de donde se llevaron una veintena de carros con alimentos que luego repartieron en la Corrala Utopía de Sevilla a personas que "lo necesitaban". Al mismo tiempo, en un Carrefour de Arcos de la Frontera, también tuvo lugar un suceso de las mismas características. El de Écija, comandado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, histórico alcalde de Marinaleda, el de Arcos, por Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT.
Este jueves, 5 de septiembre, siete años después de los hechos, tiene lugar el juicio contra 20 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, a los que se acusa de asalto y sustracción de productos alimentarios. Mercadona, que ejerce la acusación particular, y la Fiscalía de Sevilla, acusan a los miembros del SAT de robo con violencia y piden un total de 32 años de cárcel (un año y seis meses para cada uno de ellos).
El SAT se defiende asegura que se produjo "una expropiación de alimentos" que se llevó a cabo cuando "Andalucía afrontaba los golpes más duros de la crisis capitalista y donde las familias no tenían ningún tipo de ingreso, con decenas de desahucios cada día y largas colas en los comedores sociales, con un 30% de nuestra infancia que no podía tener una alimentación adecuada y necesaria".
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) absolvió en 2014 a Juan Manuel Sánchez Gordillo por no existir indicios de su participación material en los mismos, por lo que en el juicio deben comparecer Óscar Reina, actual secretario general del SAT; Andrés Bódalo, exconcejal de Jaén en Común; Antonio Nogales, alcalde de Pedrera (IU); y Manuel Rodríguez Guillén, exdiputado provincial de IU por Sevilla.
"La ilegalidad no es sacar carros del Carrefour, es no cumplir las promesas electorales", dijo Diego Cañamero un año después de los hechos, cuando se volvieron a repetir estas acciones "protesta". "Se nos acusa de robo. Cuando se roba se pretende obtener un beneficio o un lucro de ese robo. Los alimentos de primera necesidad, con un valor monetario mínimo, fueron entregados con luz y taquígrafo, con los medios de comunicación delante, en la Corrala Utopía, un bloque de viviendas que fue ocupado durante meses por familias sin hogar y sin recursos", apunta el SAT.
Para el fiscal, los acusados "determinados en la voluntad de apropiarse de los efectos y de forma tumultuaria acometieron a los empleados, consiguiendo huir con el género". El valor de los productos que sacaron de los supermercados fue de 1.400 euros. El Ministerio Público añade que algunos activistas incluso agredieron a empleados del supermercado, según informa eldiario.es.
"Aquellas acciones pusieron en el punto de mira la realidad que se estaba ocultando durante años y que padecían en silencio millones de personas", señalan desde el SAT. El sindicato ha convocado una concentración en el Edificio Noga de los juzgados de Sevilla, de "dignidad y solidaridad" para "arropar a quienes nos enfrentamos de nuevo a su justicia, esa justicia tuerta que encarcela a jornaleros y reprime a quien se rebela mientras deja libres a corruptos, banqueros y familiares de borbones".
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