El sistema público de pensiones tal y como lo conocemos está atravesando uno de sus momentos más delicados y resulta imposible saber a ciencia cierta qué ocurrirá con las pensiones en el futuro. La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 no ha hecho sino agravar aún más esta situación.

En este sentido, hace unos días conocíamos la noticia de que el Gobierno fulminaba la autonomía en la gestión de las pensiones de miles de funcionarios pertenecientes a las llamadas clases pasivas (magistrados, jueces, funcionarios de las Cortes Generales, técnicos de la Administración Civil, registradores de la propiedad o militares de carrera, entre muchos otros).

Como resultado de esta medida, las pensiones de más de 600.000 funcionarios dejan de ser gestionadas por el Ministerio de Hacienda para estar bajo control del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los motivos no están claros y los principales sindicatos ya han manifestado su preocupación.

El representante de CSIF, Francisco Laman, no ocultaba su temor: «De repente, y por la vía del Real Decreto Ley, te meten esa reforma legislativa que lo único que genera es muchísima preocupación en los funcionarios que están en clases pasivas porque temen que puede haber ajustes en Seguridad Social que luego les afecten. Entendemos que es un cambio más que sospechoso».

Desde Acción Sindical de FSC-CCOO muestran la misma preocupación. Su secretario, Raúl Olmos, declaró que su sindicato «espera que el cambio de Hacienda a la Seguridad Social no deteriore la calidad de la gestión de las pensiones de los funcionarios». Preocupa, y con razón, que un cambio de este tipo, aprobado en un Real Decreto y de forma inesperada, pueda ser un primer paso para incluir ajustes legislativos que afecten a las pensiones de este importante colectivo de funcionarios.

¿Qué va a pasar en el futuro con las pensiones?

En la situación actual, noticias como esta agrava, aún más si cabe, la preocupación de los españoles acerca de su pensión de jubilación.

Si además echamos la vista atrás, podemos observar como en los últimos años se ha ampliado la edad de jubilación (que ha pasado de los 65 a los 67 años), se han revalorizado las pensiones por debajo del IPC y se ha aumentado el número de años cotizados necesarios para conseguir la pensión máxima (que además se congelaba pese al aumento de las bases de cotización máximas).

Todas estas medidas van en una misma línea. Calculadora en mano, la realidad pone de manifiesto una situación que ningún político quiere pronunciar ni ningún contribuyente quiere oír: la posibilidad de que las pensiones del futuro sean menores que las actuales.

La solución a este problema pasa irremediablemente por el ahorro privado. Los depósitos a plazo fijo con intereses altos son una buena alternativa para los ahorradores que no quieran verse expuestos a la volatilidad de los mercados financieros. Los planes de pensiones conservadores y la renta fija son otras opciones para empezar a invertir pensando en el futuro. Lo que está claro es que quedarse de brazos cruzados y no hacer nada no puede ser una opción. Ahorrar e invertir es, hoy por hoy, más necesario que nunca.

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